Ajuste en el Banco Nación: Cierran 60 sucursales y crece la preocupación
El anuncio del cierre de 60 sucursales del Banco Nación en todo el país, enmarcado en un plan de ajuste que busca un ahorro de más de $1.000 millones de pesos, ha encendido las alarmas en diversas regiones. Si bien el gobierno lo presenta como una medida de "motosierra" para optimizar recursos, los críticos advierten sobre el posible impacto negativo en la accesibilidad a servicios financieros en vastas zonas de Argentina, especialmente en el interior.
La reducción de la red bancaria, que pasa de 769 a 709 sucursales, ya ha significado un ahorro inicial de $139.481.510, proyectándose a $836.889.063 para lo que resta de 2025. Sin embargo, la perspectiva de una banca pública con menor presencia física genera interrogantes sobre la inclusión financiera y el rol del Banco Nación como motor de desarrollo federal.
El plan de ajuste: Cifras y consecuencias sociales
El Plan Estratégico 2024-2027 del Banco Nación, bajo la dirección de Daniel Tillard, argumenta que la fusión de estructuras y la reasignación de recursos buscan alcanzar la eficiencia operativa y volver a los niveles de puntos de atención de 2015. El ahorro mensual de $30 millones en alquileres, que suma $180 millones en el semestre, se presenta como un claro beneficio económico.
No obstante, para muchos, el Banco Nación no es solo una entidad financiera, sino una herramienta clave para la bancarización de zonas rurales y pequeñas localidades donde la banca privada no llega o lo hace de manera limitada. El cierre de sucursales podría dejar a miles de ciudadanos, pequeños productores y PyMEs sin un acceso cercano y físico a servicios esenciales como créditos, cobro de jubilaciones o gestión de cuentas. Esta medida podría profundizar la brecha digital y financiera en áreas ya desfavorecidas.
La transformación de 45 centros de atención PyME Nación, que pasarán a un modelo de visita a clientes en lugar de atención en sucursal, aunque presentado como una mejora en la eficiencia, también plantea dudas sobre la inmediatez y la capacidad de respuesta para todas las empresas, especialmente aquellas que no cuentan con la infraestructura o el personal para recibir visitas externas.
Asimismo, la readecuación de las Gerencias Zonales, reduciendo su número de 33 a 29, si bien se justifica en una «distribución más equitativa» y la reducción de gastos, también puede interpretarse como una disminución de la capacidad de gestión y articulación territorial de la entidad, aspectos fundamentales para su rol de fomento en el interior del país.
El debate sobre el rol de la banca pública
La decisión de aplicar la «motosierra» en el Banco Nación se inscribe en la visión del gobierno de Javier Milei, que ha expresado su intención de transformar la entidad en una sociedad anónima. Esta propuesta, que busca una mayor eficiencia y una menor injerencia estatal en la economía, es vista por sus detractores como un paso hacia la privatización encubierta y una desarticulación del rol social y de fomento del banco.
Los críticos argumentan que, si bien la eficiencia es deseable, no debe lograrse a expensas de la inclusión financiera y el acceso equitativo a los servicios. Señalan que un banco público debe tener una función anticíclica y de apoyo a sectores que la banca privada no atiende, especialmente en momentos de crisis económica. El cierre de sucursales, desde esta óptica, se ve como una medida que debilita el alcance federal del banco y su capacidad para cumplir con este rol social.
En definitiva, el ajuste en el Banco Nación pone de manifiesto la tensión entre la búsqueda de eficiencia económica y el impacto social de las políticas gubernamentales, reabriendo el debate sobre el modelo de banca pública que Argentina necesita para su desarrollo. ¿Consideras que la eficiencia económica justifica una menor presencia física del Banco Nación en el territorio?
