Ajuste brutal en el Estado: el gobierno de Milei ya despidió a casi 50 mil empleados públicos
En solo 17 meses de gestión, la administración de Javier Milei concretó el despido de casi 48.000 trabajadores estatales, un recorte que, según el propio gobierno, se profundizará. La medida, que busca generar un "ahorro" de casi 1.900 millones de dólares anuales, ya impacta críticamente en servicios esenciales como salud, educación y ciencia.
El gobierno de Javier Milei ha difundido, con notable orgullo, un balance sobre su política de reducción del Estado que revela cifras contundentes: en 17 meses de gestión, casi 48.000 trabajadores estatales han sido despedidos. Este dato surge de un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien además anunció que este drástico recorte «se profundizará en los próximos meses».
Según el documento, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, la planta laboral del Estado nacional se redujo un 9,6%. El impacto fue especialmente severo en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas del Estado, donde la caída del personal alcanzó el 13,7% y el 16,4% respectivamente. El informe gubernamental cuantifica este «ahorro» en 1.885 millones de dólares anuales, sin hacer mención al costo social y humano que implica una poda de esta magnitud.
Un desguace que va más allá de los despidos directos
El ajuste implementado por la administración de Milei no se limitó a los despidos de personal de planta. Los contratos bajo la Ley Marco experimentaron una reducción del 20%, mientras que el personal contratado bajo la modalidad de monotributo (LOYS) sufrió un desplome aún más pronunciado, del 55%. Pese a las reiteradas advertencias de gremios, universidades y organismos internacionales sobre el deterioro inminente de los servicios públicos, el Gobierno mantiene su postura, insistiendo en que solo se sostendrán «las áreas que cumplan una misión esencial», sin ofrecer una definición clara de qué implica esta categoría.
Mientras tanto, los efectos del vaciamiento estatal ya se hacen sentir de manera palpable en diversas áreas. Se reportan hospitales con personal insuficiente, proyectos científicos cruciales que han quedado paralizados, oficinas de atención ciudadana que cerraron sus puertas y programas sociales que fueron desmantelados. Para sindicatos y especialistas, esta lógica responde a un plan ideológico que busca desarticular el rol del Estado como garante de derechos y servicios fundamentales.
Prioridades en cuestión y la voz de los gremios
En un movimiento que genera controversia, en paralelo al desfinanciamiento de áreas clave como salud, educación, ciencia y políticas de género, el Gobierno decidió triplicar los gastos reservados de inteligencia. Ante este escenario, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no dudaron en calificar la situación: «Esta no es una reestructuración, es una demolición». El gremio ya prepara nuevas medidas de fuerza frente a lo que describen como una «ola de despidos arbitrarios y generalizados».
Desde Casa Rosada, la narrativa es marcadamente diferente. El informe del Ministerio de Desregulación celebra el plan de despidos como un ejemplo de «eficiencia» en la administración de los recursos públicos. Además, se anuncia la continuidad de la «motosierra», con más desvinculaciones y la supresión de organismos considerados «innecesarios», lo que presagia una profundización del ajuste en el sector público.
