La justicia frena el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana decidido por Milei
Un nuevo revés judicial para el gobierno de Javier Milei. El Juzgado Federal de Pehuajó ha dictaminado la suspensión del Decreto Nº 312/2025, que disponía la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Esta medida cautelar frena la liquidación total del patrimonio del programa, un fondo clave destinado a financiar obras de infraestructura en barrios populares.
La decisión judicial llega tras un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de diversos movimientos sociales. El CELS argumentó que el cierre del FISU no solo paralizaba la construcción de infraestructura esencial para mejorar las condiciones de vida en asentamientos precarios, sino que también eliminaba una importante fuente de empleo para personas de bajos ingresos.
Limitaciones al Gobierno y exigencia de un plan de urbanización
El fallo es contundente: el gobierno de La Libertad Avanza solo podrá utilizar los fondos del FISU para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana ya en marcha. Esto significa que el dinero no podrá ser desviado para otros fines, como se pretendía inicialmente con la disolución del programa.
Además, el juez impuso una obligación directa al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, una figura cercana a Karina Milei y parte de la mesa chica del gobierno. Pareja deberá presentar un plan de urbanización de barrios populares y asegurar la continuidad de la política que el decreto intentaba paralizar. La justicia ha establecido una multa diaria de $200.000 que el funcionario deberá abonar por cada día de demora en la presentación de dicho plan.
Este dictamen subraya la tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Argentina, donde varias de las medidas del gobierno de Milei han sido frenadas o modificadas por decisiones de la Justicia. El futuro del FISU y las políticas de integración urbana quedarán ahora supeditados a la capacidad del gobierno para presentar y ejecutar un plan que cumpla con los requisitos establecidos por la cautelar judicial.
