Tensión social en ascenso: decreto de Milei restringe el derecho a huelga y desata la furia de la CGT

El Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, es el eje de la polémica. La normativa amplía de manera radical la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e introduce la flamante categoría de “servicios de importancia trascendental”. Esta modificación implica que, ante cualquier conflicto laboral, deberá garantizarse un mínimo del 50% al 75% de la actividad, lo que, en la práctica, vuelve inviable cualquier medida de paro efectiva en vastas áreas productivas y de servicios.

El decreto altera el artículo 24 de la Ley 25.877 y, aunque forma parte del denominado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, su alcance se extiende mucho más allá de ese rubro. Con esta modificación, se incorporan como servicios esenciales o de importancia trascendental sectores como la educación primaria y secundaria, el transporte de mercaderías, las telecomunicaciones, los bancos, el comercio electrónico y toda la cadena de exportación, entre muchos otros rubros vitales para la economía.

Reacción gremial y jurídica: Un “ataque autoritario” a la protesta

La reacción del movimiento obrero fue inmediata y virulenta. La CGT denunció el decreto como una “avanzada autoritaria para aniquilar el derecho a huelga” y advirtió que la central obrera “no permanecerá en silencio”. En un comunicado público, la cúpula sindical manifestó su determinación: “El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados”.

Juristas especializados también han elevado su voz en protesta. El abogado laboralista Matías Cremonte alertó que el nuevo decreto viola estándares internacionales y contradice abiertamente las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera como servicios esenciales únicamente a aquellos cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. “Este decreto prohíbe la huelga en sectores donde nunca estuvo en riesgo la vida de nadie. Es una herramienta para disciplinar trabajadores y favorecer a empresarios”, sentenció Cremonte.

Profundización de la conflictividad en un contexto de polarización

El decreto, que lleva la firma de gran parte del Gabinete nacional, se suma a una serie de decisiones gubernamentales que han generado un creciente malestar y una escalada de conflictividad social en el país. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que la norma responde a intereses empresariales y multinacionales. “Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene una finalidad clara: beneficiar a los patrones. Sin derecho a huelga, estamos condenados a volver a la esclavitud”, sostuvo Aguiar. ATE también alertó sobre la urgencia del Ejecutivo por avanzar con estas medidas mientras mantiene facultades extraordinarias, y convocó a la resistencia activa frente a lo que calificó como un intento de despojar los derechos laborales conquistados.

La decisión del Gobierno de avanzar mediante un decreto sobre un derecho constitucional sin debate parlamentario profundiza la fractura política y social de Argentina. Mientras que algunos sectores empresarios respaldan la medida como parte de una supuesta “modernización” del mercado laboral, el movimiento obrero, amplios segmentos sociales y la oposición política la consideran una provocación que erosiona el ya frágil contrato democrático.

Con una movilización de la CGT en preparación y con presentaciones judiciales en marcha, el conflicto promete escalar. La pugna entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores por el derecho a la protesta y la organización sindical se posiciona, así, como uno de los ejes centrales de la disputa social en el país en los próximos días.