Fuerte repudio por el traslado de Astiz y otros genocidas a una cárcel VIP
Organismos de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado alzaron su voz contra la decisión del gobierno de trasladar a 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel que denuncian ofrece condiciones más favorables. Califican la medida como un "retroceso institucional" y una forma de otorgar privilegios a quienes cometieron crímenes atroces durante la dictadura militar.
La polémica medida, ejecutada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, se produce en un contexto de creciente preocupación por un posible giro negacionista dentro del oficialismo, con figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel realizando declaraciones públicas en defensa de represores.
Las denuncias de los organismos de derechos humanos son contundentes:
- Mejores condiciones de detención: Señalan que la Unidad 34 de Campo de Mayo ofrece condiciones significativamente mejores en comparación con otras cárceles federales, lo que implica un trato privilegiado para los genocidas.
- Falta de consulta a las víctimas: Denuncian que las víctimas y sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad no fueron consultadas sobre esta medida, a pesar de lo estipulado por la Ley de Víctimas.
- Concentración de represores de alto perfil: Advierten que Campo de Mayo ya alberga a más de 50 represores, incluyendo varios de alto perfil, lo que podría generar un ambiente de camaradería y reafirmación de sus crímenes.
- Política de «reivindicación silenciosa»: Acusan a sectores del gobierno actual de impulsar una política de «reivindicación silenciosa» de los responsables del terrorismo de Estado.
¿Quiénes son los represores beneficiados?
Entre los 19 genocidas trasladados a la Unidad 34 se encuentran nombres tristemente célebres como Alfredo Astiz, conocido como el «Ángel Rubio» por su rol en la ESMA; Ricardo Cavallo, también condenado por crímenes en la ESMA; Luis Donocik y Marcelo Courtaux, involucrados en delitos en el circuito represivo ABO; y otros responsables de crímenes en el marco del Plan Cóndor. Todos ellos cumplen condenas por delitos de lesa humanidad y ahora comparten prisión con otros represores de alto rango como Christian Von Wernich y Juan Guglielminetti.
Un contexto político delicado
Desde la organización H.I.J.O.S Capital emitieron una fuerte advertencia: «No se trata de descomprimir cárceles, se trata de premiar genocidas». Las críticas se centran en el temor de que esta medida represente una reversión del consenso histórico que Argentina ha construido en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática que no olvida su pasado. El traslado de estos represores a una unidad con mejores condiciones genera una profunda indignación entre las víctimas y los defensores de los derechos humanos, quienes ven en esta acción un preocupante mensaje de impunidad.
