Golpe a la recaudación por consumo y exportaciones aviva la disputa fiscal con las provincias
La merma en ingresos clave por la actividad económica en retroceso, sumada a cambios impositivos y una reforma del IVA en ciernes, exacerban la tensión entre la Nación y los gobernadores en la puja por los recursos coparticipables.

La contracción de la actividad económica, manifestada en un marcado retroceso del consumo interno y una caída en las exportaciones, está generando un impacto directo y negativo en las arcas del Estado nacional. Este deterioro en la recaudación de impuestos clave, vitales para el financiamiento público, no solo fuerza al gobierno a profundizar los ajustes del gasto para sostener un frágil equilibrio fiscal, sino que también recalienta la ya tensa relación con las provincias en la disputa por la distribución de los ingresos.
Los indicadores económicos de los últimos meses evidencian la profundidad de la recesión. El consumo, termómetro dinámico de la salud económica, muestra desplomes o estancamiento en prácticamente todos sus rubros, desde los artículos de primera necesidad hasta bienes durables y servicios. El indicador amplio de comercio mayorista, minorista y reparaciones se contrajo un 7,3% el año pasado, según datos oficiales, mientras que el consumo de alimentos y básicos encadena dieciséis meses consecutivos de caídas intermensuales. Este panorama se traduce directamente en una recaudación por consumo interno y comercio exterior que pierde peso relativo dentro del total de ingresos fiscales.
Los datos de abril de la ARCA (ex AFIP) confirman esta tendencia preocupante. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto el percibido por operaciones internas como el aduanero, registró una caída real del 3% interanual, perdiendo diecisiete puntos porcentuales de participación en la recaudación total. Este impuesto, por su alcance a todas las transacciones de la economía, es habitualmente el de mayor contribución al Fisco.
Aunque la recaudación total creció en términos reales en abril, impulsada principalmente por Seguridad Social (con un salto real del 25%, explicado por recuperación salarial sobre base baja, actualización de topes para aportes y acceso a moratoria), Ganancias (con crecimiento real por anticipos de sociedades, reducción del Mínimo No Imponible para personas físicas y facilidades de pago) y Combustibles (con un 44% de crecimiento real por actualización del tributo y precios), el debilitamiento de la base imponible ligada al consumo y el comercio exterior es notorio. Impuestos como Créditos y Débitos también mostraron un fuerte crecimiento (16% real).
La situación en el comercio exterior es aún más compleja. Los impuestos asociados a esta actividad cayeron en su conjunto en abril, con mermas reales interanuales del 15% para el IVA aduanero y del 25% para Ganancias aduaneras. La eliminación o reducción de retenciones a diversos productos (primarios, regionales e industriales) impacta directamente en la recaudación por derechos de exportación, que en los primeros cuatro meses del año ya acumularon una caída del 7,3%. A esto se suma la eliminación del Impuesto PAIS, que en abril perdió el 89% de su incidencia recaudatoria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó esta semana que el gobierno, en línea con exigencias del FMI, avanzará con una reforma tributaria que tocará el IVA. La propuesta, que ya genera controversia, busca dividir el 21% actual del impuesto, quedándose la Nación con un 9% y transfiriendo la potestad de recaudar el 12% restante a las provincias. Según el ministro, esto incentivaría una «competencia» entre jurisdicciones para bajar su alícuota y atraer empresas, lo que derivaría en mayor empleo, consumo y, por ende, mayor recaudación en volumen.
Sin embargo, la propuesta de dividir el IVA presenta «varios grises legales y puntos controvertidos». Expertos señalan que podría desfinanciar aún más a las provincias en el corto plazo por una mejora futura incierta, ponen en duda que la localización de empresas dependa centralmente de unos pocos puntos de IVA y advierten sobre la dispar capacidad de las provincias para montar estructuras recaudatorias propias. Además, el esquema implica un cambio en la distribución de la masa coparticipable: actualmente, las provincias reciben el 89% del IVA (aproximadamente 18 de los 21 puntos), mientras que con el nuevo esquema la Nación se quedaría con 9 puntos de manera directa, reduciendo la porción que las provincias podrían aplicar sin superar la alícuota actual del 21%.
La tensión fiscal escaló esta semana cuando los gobernadores alzaron la voz contra cambios impositivos recientes dispuestos por ARCA, que, según denuncian, les harán perder ingresos por un billón de pesos. Las medidas objetadas son la modificación del esquema de anticipos anuales de Ganancias para grandes empresas (que ahora pagarán más en las primeras cuotas) y la eliminación de la retención del IVA en operaciones aduaneras sobre importaciones. La denuncia fue formalizada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en un encuentro de mandatarios provinciales. Estas medidas, sumadas a la propuesta de dividir el IVA, profundizan el conflicto por la distribución de los recursos en un contexto de vacas flacas para las finanzas públicas.