El ajuste energético de Milei: más de 2 millones de hogares pobres pierden subsidios y enfrentan tarifas plenas

El reempadronamiento en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) ha sido el instrumento clave para esta reducción drástica en el número de beneficiarios. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el universo de hogares clasificados como Nivel 2, es decir, aquellos con ingresos por debajo de la Canasta Básica Total, se redujo en un 25%, pasando de 8,38 millones en julio de 2024 a 6,24 millones en abril de 2025.

Esta reclasificación implica que más de dos millones de hogares, que no han experimentado mejoras reales en sus ingresos, han sido trasladados a los niveles 3 (ingresos medios) y 1 (ingresos altos). Como consecuencia, deberán asumir el costo total o casi total de sus facturas de servicios públicos, lo que representa un golpe significativo para su economía doméstica.

Pero el ajuste no se limita a la reducción de beneficiarios. El gobierno también ha disminuido los topes de consumo subsidiado, lo que agrava aún más la situación. Por ejemplo, los hogares de Nivel 2 ahora tienen un tope de 350 kWh/mes, mientras que antes no tenían límite. En el caso del Nivel 3, el tope se redujo de 400 a 250 kWh/mes. El consumo que exceda estos límites se paga a tarifa plena, lo que puede incrementar drásticamente el monto final de las facturas, especialmente durante los meses de invierno, cuando el consumo de gas y electricidad aumenta.

El informe del Observatorio revela que, en abril, los hogares pobres pagaron el 30% del costo de la electricidad y solo el 23% del gas. En contraste, los sectores de altos ingresos ya cubren casi el 100% del costo de estos servicios. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, advierte que se está volviendo a un esquema donde la mayoría paga tarifa plena y solo un grupo reducido accede a la tarifa social.

El impacto en el bolsillo de los hogares de bajos ingresos es devastador. Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025, la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó un 414%, mientras que la inflación general fue del 144%. Esto demuestra que los ajustes en las tarifas han sido mucho más agresivos que los aumentos en otros precios, erosionando aún más el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

La política de recorte de subsidios energéticos de Milei, sumada a los aumentos constantes en las tarifas, plantea un escenario preocupante para millones de hogares que luchan por llegar a fin de mes. La medida, que busca reducir el déficit fiscal, tiene un alto costo social y podría profundizar la desigualdad en el país. La pregunta que surge es si el ajuste energético, que golpea con fuerza a los más necesitados, es sostenible en el largo plazo.