40 años del Juicio a las Juntas: la valentía que sembró Memoria, Verdad y Justicia en Argentina
El 22 de abril de 1985, la Argentina democrática daba un paso trascendental al iniciar el juicio oral contra los nueve máximos responsables de la dictadura genocida. En un clima de tensión y amenazas latentes, sobrevivientes y organismos de derechos humanos fueron pilares fundamentales para abrir un camino inédito hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia.
A poco más de un año del fin de la dictadura cívico-militar, la naciente democracia argentina se enfrentaba a una prueba de fuego. El 22 de abril de 1985 comenzaba el Juicio a las Juntas, el primer proceso judicial por crímenes de lesa humanidad en el país, un hecho con pocos precedentes a nivel mundial en transiciones democráticas.
La brutalidad de la represión desatada desde 1976, denunciada internacionalmente, y el profundo rechazo social que condujo al colapso del régimen en 1983, permitieron al entonces presidente Raúl Alfonsín cumplir su promesa de campaña: construir la democracia sobre la base de la justicia por los crímenes cometidos. «Había que evitar que se repitiese este ciclo histórico de la impunidad y sentar el precedente de que a partir de 1983 no se tolerarían nunca más episodios al margen de la ley», escribiría Alfonsín años después.
A décadas de los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis, el caso griego de 1975 contra militares golpistas era uno de los escasos antecedentes. El gobierno de Alfonsín, pese a la reticencia inicial de los organismos de derechos humanos que reclamaban un juicio más amplio, buscaba un proceso acotado para no tensionar la frágil transición.
La causa recayó en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, tras la dilatación por parte de la justicia militar. Llegó a la fiscalía de Julio Strassera a fines de 1984, poco después de que la CONADEP entregara su informe.
La organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas tuvo un rol crucial en la investigación y las audiencias. Junto a otros organismos, habían creado una comisión técnica que recopiló denuncias y testimonios de familiares, material que luego fue entregado a la CONADEP y a la justicia civil. Graciela Lois, integrante de Familiares, recordó la intensa colaboración con Strassera: «Trabajamos en vivo y en directo con el armado de este juicio, por el que teníamos mucha expectativa».
El inicio de las audiencias públicas el 22 de abril marcó el pulso de la época. Más de 60.000 personas marcharon desde el Congreso hasta el Palacio de Tribunales, portando 9.800 pancartas con los nombres de los desaparecidos conocidos hasta entonces. «Fue muy impactante, la gente nos pedía, con mucho respeto, ponerse una pancarta para llevar algún desaparecido», señaló Lois.
Durante las audiencias se escucharon más de 800 testimonios. Para los sobrevivientes, declarar no fue tarea fácil ante la persistente incertidumbre y la presión militar. Miriam Lewin, sobreviviente de la Fuerza Aérea y la ESMA, recordó: «No había ninguna garantía… sabíamos que ir a declarar implicaba ponernos en el lugar de los acusados más que de testigos o acusadores». El entorno del juicio era «imponente», con la presencia de los nueve integrantes de las juntas militares, incluyendo a Videla y Massera.
El 14 de agosto finalizaron los testimonios, generando un profundo impacto en la sociedad a través de la cobertura de la prensa gráfica, destacándose el «Diario del Juicio» y la cobertura de Sergio Ciangaglini y Martín Granovsky para el diario La Razón. «Yo creo que fue una enorme catarsis colectiva… se generó un consenso de que esto realmente había ocurrido», afirmó Lewin.
El 11 de septiembre, Strassera presentó su alegato, culminando con el histórico «Nunca más». En diciembre, la sentencia dictó prisión perpetua para Videla y Massera, y penas menores para los otros integrantes de las juntas.
Jorge Auat, exfiscal general, resumió el significado del juicio: «Fue una bisagra que permitió abandonar ese escenario de impunidad que se pensaba que no se iba a lograr nunca y poder quebrar ese pacto de impunidad».
El Juicio a las Juntas convalidó judicialmente la sistematicidad de la represión estatal, desmintiendo la teoría de los dos demonios. Fue el punto de partida para numerosas causas en todo el país. Sin embargo, la inquietud generada llevó al gobierno a sancionar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y luego a los indultos de Menem, garantizando la impunidad por casi dos décadas. Recién en 2005 se retomaría el camino de la justicia, tras la anulación de estas leyes.
A 40 años de aquel histórico juicio, la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia continúa siendo un faro en la sociedad argentina, recordando la valentía de quienes alzaron su voz contra el terrorismo de Estado y abrieron un camino que aún hoy seguimos transitando.
