Según el Indec, el 60% de la población ocupada ganaba menos de $700.000 a finales del 2024
La gestión económica actual parece incapaz de revertir una tendencia histórica de inequidad, dejando a vastos sectores de la población en una situación de vulnerabilidad alarmante.
El reciente informe del INDEC, que sitúa el ingreso promedio individual en $701.865 durante el último cuatrimestre de 2024, podría interpretarse superficialmente como un signo de estabilidad económica. Sin embargo, para un observador con pensamiento crítico, este dato esconde una realidad mucho más sombría y cuestiona la efectividad de las políticas económicas implementadas por la actual administración. La persistente disparidad en la distribución del ingreso no solo desmiente cualquier atisbo de prosperidad generalizada, sino que también expone las profundas falencias de un modelo económico que parece beneficiar desproporcionadamente a los sectores más acomodados.
La brecha abismal entre el estrato bajo, con un ingreso promedio de $243.074, y el estrato alto, que alcanza los $1.696.916, no es una novedad, sino un síntoma crónico de la economía argentina. Sin embargo, bajo la actual gestión, no se vislumbran medidas concretas y efectivas para acortar esta distancia lacerante. El tibio descenso de 0,005 puntos en el coeficiente de Gini es un consuelo magro ante una desigualdad que condena a millones de ciudadanos a una existencia precaria. Que la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre siga siendo de 13 veces clama por una intervención estatal mucho más decidida y equitativa.
El gobierno actual parece complacerse con la cifra promedio, evitando profundizar en las significativas diferencias que marcan la vida cotidiana de los argentinos. ¿De qué sirve un promedio cuando una porción considerable de la población apenas supera el umbral de la pobreza, mientras una élite concentra una riqueza obscena? La falta de políticas redistributivas robustas y la priorización de medidas que favorecen la concentración económica son señales preocupantes de una gestión que parece dar la espalda a las necesidades de la mayoría.
La persistente brecha salarial de género, con las mujeres percibiendo ingresos significativamente menores que los hombres ($586.445 contra $821.496), es otra muestra de la inacción gubernamental ante problemas estructurales. A pesar de los discursos sobre igualdad, la realidad económica sigue castigando a las mujeres, perpetuando una injusticia que requiere medidas urgentes y concretas para ser erradicada.
La diferencia entre los asalariados con y sin descuento jubilatorio ($925.994 contra $415.730) también plantea interrogantes incómodos sobre la calidad del empleo que se está generando. Un aumento mayor en el sector no registrado, si bien podría interpretarse como una mayor dinamización del mercado laboral, también revela una precarización creciente, con trabajadores desprotegidos y sin acceso a los beneficios de la seguridad social. ¿Es este el modelo de crecimiento que promueve el gobierno?
Finalmente, la alta relación de dependencia económica (118 no ocupados por cada 100 ocupados) subraya la fragilidad del sistema y la pesada carga que recae sobre la población activa. En lugar de celebrar cifras promedio, el gobierno debería enfocar sus esfuerzos en generar empleo de calidad y en fortalecer las redes de protección social para aquellos que no pueden acceder al mercado laboral.
En definitiva, el informe del INDEC, lejos de ser un aval a la gestión económica actual, debería ser un llamado de atención urgente. La persistente desigualdad en la distribución del ingreso es un síntoma de un modelo que no está funcionando para la mayoría de los argentinos. Complacerse con promedios engañosos mientras la brecha social se mantiene intacta es una muestra de miopía política y una falta de compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La «Urbe» exige una mirada crítica y acciones concretas para revertir esta tendencia alarmante.
