Casación ordena preservar sitios de memoria y documentos históricos
El máximo tribunal penal del país advirtió sobre la necesidad de preservar los sitios de memoria y los documentos históricos. En su fallo, ratificó la condena a un represor de la Policía Federal y envió un mensaje directo al Ejecutivo.
La Cámara Federal de Casación Penal envió una señal clara al Gobierno: los archivos de la dictadura y los sitios de memoria deben ser preservados. El fallo se dio en el marco de la causa «Contraofensiva Montonera III», en la que el ex comisario de la Policía Federal Argentina, Roberto Álvarez, fue condenado a diez años de prisión por su participación en la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra Edith Aixa Bona, una militante montonera secuestrada en 1980.
El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, ratificó la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín y destacó la importancia de conservar la memoria histórica para evitar la repetición de crímenes de lesa humanidad.
El mensaje de Casación y el contexto político
El fallo no solo reafirma la condena de Álvarez, sino que también subraya la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las víctimas y sus familias. En este sentido, Slokar remarcó la necesidad de evitar «posturas relativistas o negacionistas» sobre las violaciones de derechos humanos, en línea con recientes comunicados de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pronunciamiento de la CIDH, emitido el 30 de agosto, día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, instó a los Estados a reconocer su responsabilidad en estos crímenes y adoptar políticas públicas para la preservación de la memoria. Entre las iniciativas sugeridas, mencionó la creación y conservación de archivos públicos, la incorporación de la temática en la currícula escolar y la promoción de una cultura de derechos humanos.
Un fallo con implicancias políticas
El pronunciamiento de Casación llega en un momento clave, cuando desde sectores oficiales se han promovido discursos que minimizan el impacto del terrorismo de Estado. En este escenario, el fallo funciona como un recordatorio de que la memoria y la justicia no son negociables.
La decisión judicial también refuerza la posición de los organismos de derechos humanos, que han manifestado su preocupación ante cualquier intento de desmantelar políticas de memoria, verdad y justicia. La presión de la comunidad internacional y el firme posicionamiento del Poder Judicial establecen un límite claro: la historia no se borra por decreto.
Justicia y memoria, pilares irrenunciables
El fallo de Casación no solo confirma una condena, sino que también establece un principio fundamental: la memoria es una política de Estado. En tiempos de relativización y discursos que buscan equiparar a víctimas y victimarios, la Justicia recordó que la verdad histórica es irrenunciable.
Con este pronunciamiento, el Poder Judicial envía una advertencia: los archivos de la dictadura y los sitios de memoria deben ser resguardados. No es una cuestión de ideología, sino de justicia y derechos humanos. La historia ya ha demostrado las consecuencias de la impunidad; el presente exige que no se repitan.
