Sobreprecios y falta de transparencia en compras de Seguridad bajo la gestión de Bullrich
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló serias irregularidades y sobreprecios en la adquisición de armamento y equipamiento durante la administración de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad (2016-2019), bajo la presidencia de Mauricio Macri.
La investigación indicó que la mayoría de las compras se realizaron sin licitación pública y a través de adjudicaciones directas a proveedores israelíes. Esto derivó en el pago de hasta cinco veces más por ciertos equipamientos, amparándose en la declaración de Emergencia de Seguridad en 2016.
La auditoría analizó 29 transacciones y detectó que casi la mitad fueron efectuadas sin compulsa de precios, lo que evidenció una selección discrecional de proveedores. Entre los casos más relevantes se destaca la adquisición de un sistema de seguridad fronterizo a la empresa israelí IAI ELTA por 35 millones de dólares y la compra de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, un precio 138% superior a otras ofertas del mercado según un análisis de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Además, se identificaron pagos injustificados por consultorías y capacitaciones ya contempladas en contratos previos.
El informe también señala el rol de Eitamar Barr, empresario israelí vinculado a contrataciones irregulares, quien aparece en registros oficiales con distintos roles, como asesor de ventas y representante de empresas proveedoras. Barr dirige Issatec Technologies SA, firma que recibió pagos millonarios sin justificación clara y figura en los Panama Papers como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD.
El gasto del Ministerio de Seguridad mediante el Ente Cooperador ACARA aumentó un 1378% entre 2016 y 2019. Estos fondos fueron utilizados para contratar servicios y realizar pagos a Issatec, así como para abonar 325.000 dólares adicionales fuera de convenio con Israel para modificaciones en torres de vigilancia del Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, lo que evidenció inconsistencias en la planificación original.
El informe de la AGN, elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa y aprobado el 20 de noviembre de 2024, recibió una disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva. En sus conclusiones, se destaca que el Ministerio de Seguridad no logró justificar las irregularidades detectadas. Intentos de contacto con Patricia Bullrich y su equipo de comunicación no obtuvieron respuesta, al igual que consultas dirigidas a Eitamar Barr sobre su participación en las negociaciones.
