Una represión brutal que reaviva el debate sobre el autoritarismo
La Comisión Provincial por la Memoria denunció la violencia del operativo de seguridad desplegado durante la marcha de jubilados, con un saldo de 672 heridos y 114 detenidos.
El operativo de seguridad llevado a cabo en la marcha de jubilados ha sido calificado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como el más violento desde 2001. La organización, que realizó un minucioso análisis de los hechos, denunció la existencia de una represión desproporcionada que dejó un saldo de 672 personas heridas, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, jubilados y jóvenes.
Según el informe de la CPM, la represión comenzó a las 15:15, mucho antes del horario estipulado para la concentración, lo que evidenciaría una intención deliberada de impedir la protesta. Unos 1.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad participaron del operativo, que incluyó el uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. En redes sociales, la CPM alertó sobre el «régimen autoritario» que, según su análisis, busca consolidarse a través de la violencia estatal.
Entre los casos más graves se encuentra el del periodista Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno y se encuentra en estado crítico. La Comisión denunció que los disparos fueron dirigidos directamente contra los manifestantes, sin respetar los protocolos de acción. También se registró la detención de 114 personas, entre ellas un niño de 12 años y transeúntes que no estaban vinculados con la protesta.
El informe destaca la resolución de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos y recordó la obligación del Poder Judicial de garantizar los derechos constitucionales. Además, la CPM pidió investigar la presencia de agentes de civil infiltrados entre los manifestantes y señaló que existen registros de conductas sospechosas, como la aparente siembra de pruebas en la escena de los hechos.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria subrayaron la necesidad de frenar el avance de la violencia institucional y convocaron a las fuerzas democráticas, sindicatos y asociaciones profesionales a repudiar estos hechos. «El pueblo argentino debe detener este camino al precipicio del autoritarismo», advirtieron.
El impacto de esta represión ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos fundamentales en el país. Mientras organismos de derechos humanos exigen respuestas, la sociedad sigue atenta a las consecuencias de un operativo que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva.
