Solicitan investigar al operador político de Karina Milei por coimas de Securitas
La investigación por las coimas en la contratación de Securitas suma un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para Sebastián Pareja, exfuncionario del Renaper durante el gobierno de Mauricio Macri.
El periodista Christian Sanz presentó un escrito solicitando que Pareja sea citado a declarar en la causa que investiga los sobornos pagados por la empresa Securitas para obtener contratos de seguridad en organismos públicos. Según la denuncia, Pareja, quien se desempeñó como Director General Técnico Jurídico del Renaper entre 2018 y 2019, habría tenido un rol clave en la firma de dictámenes que facilitaron contrataciones irregulares. La intermediaria MAC Servicios Empresarios S.R.L. habría sido utilizada para encubrir el desvío de dinero en el marco de estas negociaciones fraudulentas.
El dictamen fiscal emitido el 27 de diciembre de 2024 no incluyó a Pareja entre los investigados, lo que motivó la presentación del escrito por parte de Sanz, quien actúa como «Amicus Curiae» en la causa. En su planteo, el periodista remarcó que la omisión de Pareja resulta llamativa, dado su alto rango dentro del organismo y su posible participación en la adjudicación de los contratos a Securitas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, ya había imputado a Pablo Santos, actual director del Renaper, por su presunta actuación en maniobras similares en administraciones previas. Con el pedido de citación a Pareja, se abre una nueva línea de investigación que podría esclarecer la participación de otros exfuncionarios en la red de sobornos.
La denuncia sostiene que Securitas, empresa de origen sueco, pagó coimas para asegurarse licitaciones en el ámbito público y que utilizó a MAC como intermediaria para ocultar los pagos ilícitos. Este mecanismo habría permitido desviar dinero de manera encubierta, garantizando la continuidad de los contratos a pesar de las irregularidades detectadas.
El avance de la causa podría tener repercusiones significativas en la estructura administrativa que permitió estos acuerdos, poniendo bajo la lupa no solo a funcionarios del macrismo, sino también a aquellos que participaron en gestiones posteriores. La justicia deberá determinar si existieron más responsables y hasta qué punto estas prácticas fueron sistemáticas en la adjudicación de contratos de seguridad en el sector público.
El pedido de Sanz añade presión a la causa, que se encuentra en una etapa clave para definir responsabilidades y posibles imputaciones. A medida que avanza la investigación, se esperan nuevas revelaciones que podrían ampliar el alcance de las indagatorias y modificar el curso del expediente judicial.
