Rechazo por expresiones discriminatorias en resolución oficial
La Agencia Nacional de Discapacidad generó polémica al utilizar términos ofensivos en una reciente resolución. Ante el repudio, el organismo aclaró que se trató de un "error" basado en terminología "obsoleta".
En las últimas horas, una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató un fuerte rechazo por la utilización de expresiones consideradas altamente discriminatorias. La publicación, aparecida en el Boletín Oficial bajo la Resolución 187/2025, incluía términos como «débil mental», «idiota» e «imbécil» para referirse a personas con discapacidad.
El documento regulaba criterios para la evaluación médica de invalidez en el acceso a pensiones no contributivas por invalidez laboral. No obstante, el impacto de las palabras empleadas eclipsó el contenido de la normativa y provocó un inmediato repudio en distintos sectores.
Referentes de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad manifestaron su preocupación y exigieron explicaciones por la permanencia de términos que la sociedad y el ámbito legislativo han dejado atrás por su carácter peyorativo y estigmatizante.
Frente a la controversia, la ANDIS emitió un comunicado en el que atribuyó lo sucedido a un «error» administrativo, señalando que «la publicación de los términos no tuvo intención discriminatoria, sino que se trató de un uso involuntario de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta». Sin embargo, la justificación no fue suficiente para calmar el descontento.
El hecho reavivó el debate sobre la importancia del lenguaje en las normativas oficiales y la necesidad de garantizar que la terminología empleada en documentos del Estado refleje el respeto y la inclusión que promueven los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Especialistas en discapacidad señalan que este episodio expone la urgencia de revisar los marcos normativos para evitar la reproducción de conceptos desactualizados. Asimismo, subrayan la necesidad de capacitaciones para los organismos encargados de diseñar políticas públicas, con el objetivo de erradicar prácticas que atenten contra la dignidad de las personas.
El uso adecuado del lenguaje no es solo una cuestión de forma, sino una herramienta clave para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. La reacción a esta resolución evidencia que las palabras tienen peso y que su elección en documentos oficiales debe estar alineada con los valores de respeto y equidad.
