Caputo vuelve a intervenir con fondos de jubilados en medio de protestas y crisis financiera
El Gobierno destinó 350 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para sostener el mercado, mientras crecen las críticas por el uso de recursos previsionales.
En una semana marcada por la tensión social y la inestabilidad financiera, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a utilizar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para intervenir en los mercados. Con 350 millones de dólares destinados a la compra de bonos y acciones, la maniobra buscó frenar el derrumbe de los activos argentinos en Wall Street tras el impacto del escándalo de la criptoestafa de $Libra.
La intervención financiera coincidió con las protestas de jubilados frente al Congreso, reprimidas por las fuerzas de seguridad mientras reclamaban aumentos en sus haberes. Esta doble escena —el ajuste en las calles y el auxilio a los mercados— reavivó las críticas al gobierno por el uso de fondos previsionales con fines especulativos.
El derrumbe del mercado quedó expuesto el lunes, incluso a pesar del feriado en Estados Unidos. Para contener la presión cambiaria, el Ejecutivo también inyectó 650 millones de dólares en la operatoria del dólar contado con liquidación. Aun así, la baja fue marginal: el MEP cerró en 1.206 pesos, apenas un 0,6% por debajo, mientras que el dólar blue se mantuvo estable en 1.235 pesos.
En Wall Street, algunas acciones argentinas lograron leves recuperaciones tras la intervención. Transportadora de Gas del Sur encabezó las subas con un 2,7%, seguida por Telecom (1,7%) y Grupo Financiero Galicia (1,4%). Sin embargo, otras compañías no lograron revertir la tendencia negativa: YPF cayó un 0,2% y Supervielle retrocedió un 0,8%.
La decisión de utilizar nuevamente recursos del FGS despertó cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno, especialmente en un contexto donde se busca eliminar las moratorias previsionales, limitando el acceso a la jubilación para miles de argentinos. Organizaciones sociales y gremiales denunciaron que el Estado opta por sostener a los grandes inversores mientras precariza el sistema previsional y reprime las demandas sociales.
La polémica intervención expone una estrategia financiera centrada en el corto plazo y en la estabilidad bursátil, mientras crecen las tensiones sociales por la pérdida del poder adquisitivo y el desfinanciamiento del sistema jubilatorio. La pregunta que queda abierta es quién paga finalmente el costo de estas decisiones.
