El retroceso del empleo formal y el auge del monotributo social
La caída del empleo formal en Argentina marca una tendencia preocupante. En los últimos 12 meses, el país perdió 186.500 puestos de trabajo asalariados, mientras que el monotributo social creció un 5,9%, reflejando el avance del trabajo precarizado.
El empleo formal en Argentina enfrenta un escenario adverso, con una disminución significativa en el último año tanto en el sector público como en el privado. En este contexto, el monotributo social se consolida como una opción creciente para quienes buscan mantenerse dentro del sistema laboral, aunque en condiciones de mayor vulnerabilidad.
En términos interanuales, el empleo registrado sufrió una caída del 1,8%, lo que representa la pérdida de 186.500 puestos. El impacto fue transversal, afectando al sector público (-1,5%), al privado (-1,9%) y con mayor crudeza al personal de casas particulares (-3,3%). La reducción más pronunciada se dio en el sector privado, donde desaparecieron 119.000 empleos, pasando de 6.385.000 a 6.266.000 trabajadores. En el sector público, la merma alcanzó los 51.000 puestos.
A la par de esta retracción del empleo formal, el monotributo social experimentó un crecimiento notable. En los últimos 12 meses, 37.386 personas se sumaron a este régimen, alcanzando un total de 672.106 trabajadores. Esta modalidad está dirigida a quienes se encuentran en una situación económica vulnerable, permitiéndoles acceder a ciertos beneficios previsionales y de salud con un costo reducido. Sin embargo, su auge evidencia una mayor informalidad y precarización en el mercado laboral argentino.
El deterioro del empleo registrado se traduce en una baja general en el número de trabajadores con aportes previsionales. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la cantidad total de trabajadores registrados pasó de 13.392.000 a 13.281.000, consolidando una tendencia de caída en el empleo formal que preocupa a especialistas y economistas.
Este fenómeno plantea serios desafíos en términos de seguridad social y estabilidad laboral, ya que la migración hacia el monotributo social no implica necesariamente una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, sino más bien una estrategia de subsistencia frente a la falta de oportunidades en el sector formal.
