Femicidio: una figura clave en la lucha contra la violencia de género que ahora está en la mira del Gobierno

El femicidio, un agravante que reconoce la violencia de género y pena con prisión perpetua a quienes asesinan a una mujer en ese contexto, está en el centro de la polémica. El Gobierno de Javier Milei anunció su intención de eliminar esta figura del Código Penal, argumentando que «ninguna vida vale más que otra». Sin embargo, especialistas y organizaciones feministas advierten que esta medida desconoce la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y debilita la protección legal de las víctimas. En un país donde se registra un femicidio cada 26 horas, la discusión sobre esta figura jurídica cobra una relevancia crucial.

CueLa figura del femicidio fue incorporada al Código Penal en 2012 mediante la Ley Nº 26.791, que reconoció la violencia de género como un problema estructural. Esta normativa no solo agravó las penas para los homicidios cometidos en ese contexto, sino que también amplió la protección a parejas y ex parejas, más allá del vínculo conyugal. Sin embargo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno planea eliminar esta figura, afirmando que «todos somos iguales ante la ley». Esta declaración ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y social.

Daiana Araya, abogada y presidenta de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, rechazó esta postura. En diálogo con Conclusión, explicó que el femicidio no es solo un agravante penal, sino un reconocimiento de la violencia estructural que sufren las mujeres. «El feminismo parte de la base de que no existe una igualdad entre el hombre y la mujer, porque socialmente se nos ha puesto siempre en un lugar de desventaja», señaló. Además, recordó que la ley de 2012 también amplió la protección a parejas y ex parejas, un avance significativo en la lucha contra la violencia de género.

Araya advirtió que eliminar el femicidio como agravante tendría consecuencias graves. «Es como si se estuviese analizando eliminar el homicidio agravado por el vínculo cuando la víctima sea el padre o la madre del autor», ejemplificó. También destacó que esta medida no busca igualdad, sino desproteger a las mujeres: «El Gobierno eligió un enemigo, que es el feminismo». La abogada subrayó que el femicidio no es un privilegio para las mujeres, sino una herramienta legal para abordar una problemática específica y estructural.

Las cifras respaldan la importancia de mantener esta figura. Según el Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», en enero de 2024 se registraron 28 femicidios en Argentina, uno cada 26 horas. El 70% de estos crímenes ocurrieron en el hogar de la víctima, y en el 60% de los casos el agresor fue su pareja o ex pareja. Además, cinco mujeres habían denunciado previamente a sus agresores, y dos contaban con medidas cautelares. Estos datos reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de mantener herramientas legales específicas para combatirla.

Por su parte, la organización MuMaLa reportó 25 femicidios en el mismo mes, con un intento de femicidio cada 30 horas. El 80% de los crímenes fueron cometidos por alguien del círculo íntimo de la víctima, y el 17% de los agresores tenía antecedentes penales por violencia de género. Además, el 50% de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, lo que evidencia la peligrosidad de los agresores y la necesidad de medidas preventivas y punitivas más estrictas.

El Observatorio de Femicidios también destacó que, con los 28 femicidios registrados en enero, 27 hijos quedaron sin madre, y el 49% de ellos son menores de edad. Esta cifra no solo refleja la tragedia personal de las víctimas, sino también el impacto social y familiar de estos crímenes. «Eliminar el femicidio como agravante no brinda igualdad ante la ley, sino que desconoce su problemática social y vulnera aún más el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades a una vida libre de violencias por razones de género», alertó el Observatorio en un comunicado.

A contramano del discurso oficial, Araya señaló que la violencia de género tiene características específicas y estructurales que no se observan en los varones. «Los hombres sí atraviesan situaciones conflictivas y relaciones violentas, pero nunca vi violencia de género contra ellos», afirmó. La abogada explicó que la violencia de género no se limita a la agresión física, sino que incluye aspectos psicológicos, económicos y simbólicos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

La posible eliminación del femicidio como agravante penal representa un retroceso en la lucha contra la violencia de género. Esta figura no solo reconoce la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, sino que también brinda una protección específica a las víctimas. Eliminarla no solo desconoce la problemática social, sino que también expone a más mujeres a situaciones de vulnerabilidad. En un país donde los femicidios siguen siendo una realidad alarmante, mantener esta figura es esencial para garantizar una vida libre de violencias. Las cifras y los testimonios de expertas demuestran que el femicidio no es un privilegio, sino una herramienta necesaria para abordar una problemática que sigue cobrando vidas. La discusión sobre su eliminación no solo es jurídica, sino también ética y social, y debe abordarse con la seriedad y el rigor que merece.