Defensora Nacional de Niños y Adolescentes reclama entrega de medicamentos oncológicos
El Gobierno apeló una medida judicial que busca garantizar tratamientos esenciales para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un recurso de amparo para que el Estado garantice la provisión de medicamentos esenciales a menores con enfermedades de alta complejidad, como tratamientos oncológicos. Esta acción busca frenar la interrupción del suministro que afecta gravemente a la salud de los menores más vulnerables.
Un amparo en defensa de la infancia
El pasado 2 de enero, Graham formalizó el pedido judicial en el Juzgado Federal N°2, reclamando el cumplimiento de la normativa vigente. “Hicimos un amparo judicial donde exigimos la entrega de medicamentos para enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer”, declaró en una entrevista radial.
Esta acción cuenta con el respaldo de la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), reforzando el pedido para que el Estado resuelva las demoras administrativas que impiden el acceso a los tratamientos. La medida cautelar presentada solicita que los expedientes con más de 60 días de atraso sean resueltos en un plazo máximo de 10 días y que el resto de los trámites en curso se adecuen en un período no mayor a 20 días.
Un contexto de urgencia y apelación
Pese a la gravedad de la situación, el Gobierno apeló la medida, prolongando así la resolución del conflicto. Graham calificó esta decisión como una “vulneración de los derechos de los niños y adolescentes”, señalando que no se está pidiendo nada más que el cumplimiento de la ley. “Lo único que pedimos es que se garantice el acceso a medicamentos vitales, como corresponde por normativa vigente”, remarcó.
El suministro de medicamentos lleva meses interrumpido, afectando especialmente a menores con enfermedades graves como el cáncer. Esta situación evidencia una falta de compromiso estatal hacia las infancias, que enfrentan una creciente vulnerabilidad.
Un llamado urgente a la acción
La interrupción en la entrega de medicamentos de alta complejidad no solo pone en riesgo la salud de los menores, sino también subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas en salud. La acción impulsada por Graham y respaldada por organizaciones civiles busca que el Estado cumpla con su deber de garantizar derechos fundamentales, especialmente en un contexto donde la vulnerabilidad de las infancias requiere atención prioritaria.
El desenlace de este conflicto será clave para definir si el Gobierno priorizará la salud de los menores o continuará postergando soluciones en un tema tan sensible.
