Nutricionistas bonaerenses advierten: cambios en la Ley de Etiquetado Frontal afectan la alimentación saludable
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denuncia que las recientes modificaciones en la Ley de Etiquetado Frontal representan un retroceso en la promoción de la salud y el acceso a una alimentación adecuada.
Las recientes modificaciones en la reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal han encendido las alarmas entre los profesionales de la salud. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por los cambios introducidos, que consideran un debilitamiento de la normativa destinada a proteger el derecho a una alimentación saludable.
Retrocesos significativos en protección al consumidor
La Ley de Etiquetado Frontal, creada para informar de manera clara sobre los excesos de azúcares, grasas y sodio en los alimentos procesados, ha sido un hito en la lucha contra la mala alimentación. Sin embargo, las modificaciones recientes flexibilizan varios aspectos clave:
- Confusión en el etiquetado: La inclusión de términos como «light» en productos con excesos de azúcares crea una falsa percepción de salubridad. Esto podría inducir al consumidor a tomar decisiones equivocadas, creyendo que dichos productos son saludables.
- Protección insuficiente para menores: Se ha reducido la edad límite para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la publicidad de productos ultraprocesados. Además, se permite el uso de estrategias de marketing dirigidas a este público vulnerable, lo que aumenta su exposición a alimentos no saludables.
- Pérdida de control en la información: La eliminación de las declaraciones juradas por parte de las empresas debilita la transparencia en la información nutricional. Esto deja a los consumidores con menos herramientas para tomar decisiones informadas.
Impacto en la población vulnerable
El Colegio de Nutricionistas enfatiza que estos cambios afectan especialmente a los sectores más vulnerables, quienes tienen menos acceso a educación nutricional y enfrentan mayores riesgos de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como obesidad y diabetes.
La presidenta del Colegio, Mariana Fernández, expresó: «Estas modificaciones atentan contra los derechos a la salud y a la información. Las políticas públicas en alimentación deben basarse en evidencia científica sólida y priorizar el bienestar de la población, no los intereses comerciales.»
Llamado a la acción
El organismo insta al gobierno a revisar estas modificaciones y a garantizar que las políticas alimentarias se mantengan alineadas con los estándares internacionales y las necesidades de salud pública. Además, pide a los consumidores que exijan productos con información clara y transparente, que les permitan cuidar su salud y la de sus familias.
