El salario mínimo genera rechazo: críticas al ajuste de Milei
La CGT denunció que el nuevo salario mínimo fijado por decreto equivale al peor poder adquisitivo desde diciembre de 2001.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) establecido por el Gobierno de Javier Milei en $279.718 a partir de diciembre. Según la central obrera, la medida, adoptada sin consenso, implica una pérdida acumulada del 70% del poder adquisitivo y refleja una grave situación económica similar a la crisis de 2001.
En un documento crítico, la CGT acusó tanto al Gobierno como a los empresarios de irresponsabilidad social. Afirmó que la falta de acuerdos en el Consejo del Salario y la postura empresarial contribuyen al deterioro de los derechos laborales. Además, se señaló que el nuevo monto del SMVM no solo afecta a los 6 millones de trabajadores formales, sino también a empleados informales y a beneficiarios de programas sociales vinculados a este indicador.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que el SMVM actúa como una barrera que impide la contratación de mano de obra a salarios inferiores, una perspectiva que se alinea con la ideología liberal del gobierno de Milei. Sin embargo, la CGT refutó este enfoque, enfatizando que el salario mínimo actual no alcanza ni para cubrir productos básicos como un litro de leche, lo que evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El nuevo esquema salarial establece que, desde el 1° de diciembre, el salario mínimo será de $279.718 mensuales para empleados con jornada completa y $1.399 por hora. En enero de 2025, se ajustará a $286.711 mensuales, llegando a $292.446 en febrero y a $296.832 en marzo. Paralelamente, se confirmó la fórmula vigente para la Prestación por Desempleo, con valores ajustados al porcentaje del SMVM según lo establece la ley.
Las cifras revelan que el ajuste salarial no compensa el impacto inflacionario, agravando la recesión económica. En este contexto, la CGT destacó que los empresarios han optado por eludir acuerdos colectivos, priorizando sus ganancias sobre el bienestar de los trabajadores.
La actualización del salario mínimo, más que un alivio, representa un nuevo desafío para la clase trabajadora, cuyas demandas no encuentran eco en un gobierno que prioriza el ajuste fiscal. La falta de consenso y el deterioro del poder adquisitivo continúan tensando la relación entre las partes, dejando a los trabajadores en una situación crítica.
