Hace 35 años entraba en vigor la Ley de Punto Final propuesta por el gobierno de Raúl Alfonsín
En 1986, la Ley de Punto Final marcó un hito en la lucha por justicia en crímenes de lesa humanidad. A pesar de su sanción, la movilización social evidenció el rechazo hacia la impunidad en tiempos de democracia.
El 23 de diciembre de 1986, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley 23.492, conocida como Ley de Punto Final. Este acto legislativo puso un límite a los procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Aunque buscaba aliviar tensiones con las Fuerzas Armadas, generó un masivo repudio social y dejó un legado controvertido en la historia democrática del país.
La Ley de Punto Final fue una respuesta del gobierno de Raúl Alfonsín a las presiones ejercidas por las Fuerzas Armadas tras las condenas del Juicio a las Juntas en 1985. El fallo judicial había ordenado investigar a los responsables en niveles inferiores de la cadena de mando, lo que incrementó el malestar militar. Para finales de 1986, solo se había dictado una sentencia en el caso del «Circuito Camps», un sistema de centros clandestinos en la Provincia de Buenos Aires.
El artículo 1 de la Ley estableció un plazo de 60 días para iniciar nuevas acciones legales, excluyendo a quienes hubieran participado en secuestros de recién nacidos. Sin embargo, la presentación masiva de denuncias por sobrevivientes y familiares continuó, lo que desembocó en el levantamiento militar conocido como el alzamiento carapintada durante la Semana Santa de 1987.
Este episodio estuvo liderado por Aldo Rico y Ernesto Barreiro, quienes se negaron a ser juzgados. Frente a la amenaza, miles de ciudadanos se movilizaron en defensa de la democracia, desafiando la inacción de las Fuerzas Armadas, que evitaron reprimir a los sublevados. Finalmente, Alfonsín pactó con los militares, ofreciendo mayores garantías de impunidad, lo que quedó simbolizado en su frase: «Felices Pascuas, la casa está en orden».
La Ley de Obediencia Debida sancionada meses después consolidó el clima de impunidad, limitando aún más la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Este panorama permitió al régimen político de la época sostenerse mientras neutralizaba las demandas populares de justicia.
La Ley de Punto Final no solo marcó un capítulo oscuro en la búsqueda de justicia, sino que también evidenció el poder de la sociedad movilizada frente a la impunidad. Años más tarde, las leyes de amnistía fueron derogadas, y los juicios se reanudaron, reafirmando el compromiso de Argentina con la memoria, la verdad y la justicia.
