Humo libertario: ¿una reforma educativa o una promesa irrealizable?
El Gobierno de Javier Milei propuso arancelar los estudios universitarios para extranjeros no residentes. Sin embargo, expertos y académicos califican la medida como inaplicable bajo las leyes vigentes.
En medio de una serie de medidas controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei, una propuesta reciente sobre el arancelamiento de estudiantes extranjeros en universidades nacionales ha generado debate. Anunciada por Manuel Adorni, vocero del gobierno, la medida busca imponer costos a extranjeros no residentes, argumentando que esto podría ser una nueva fuente de financiamiento. No obstante, la iniciativa enfrenta cuestionamientos legales y prácticos que ponen en duda su viabilidad.
El anuncio, realizado en el canal oficialista LN+, detalla que las universidades nacionales estarían habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Según Adorni, esto fortalecería las finanzas de las casas de estudio. Sin embargo, Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desestimó la propuesta calificándola de «bomba de humo».
Durán explicó que el concepto de “estudiantes extranjeros no residentes” no tiene sustento en la realidad universitaria argentina. Actualmente, la Ley de Educación Superior (Ley 24.521) garantiza la gratuidad de la educación en las universidades públicas, sin distinción entre nacionales y extranjeros. Además, quienes ingresan a las universidades deben contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido por Migraciones, lo que los califica como residentes legales en el país.
La única excepción a esta normativa corresponde a estudiantes de intercambio, cuya estadía en Argentina se limita a uno o dos semestres. Este grupo es reducido y no constituye una proporción significativa del alumnado. Para que la propuesta de Adorni sea aplicable, sería necesario reformar la Ley de Educación Superior, algo que requeriría aprobación legislativa, o bien recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una acción que enfrenta serios cuestionamientos legales.
Además, desde diversos sectores se plantea que la propuesta no responde a una necesidad real del sistema educativo. Según datos oficiales, los estudiantes extranjeros representan una fracción mínima del total de matriculados en universidades públicas, por lo que su impacto financiero sería marginal.
La propuesta del Gobierno sobre arancelar a estudiantes extranjeros no residentes parece más una estrategia retórica que una medida factible. La falta de fundamentos legales, sumada a su escaso impacto práctico, refuerza la percepción de que se trata de una maniobra política más que de una solución concreta. En un contexto de tensiones y debates sobre la educación pública, esta «reforma» se perfila como un capítulo más de una batalla cultural que promete controversia, pero pocos resultados tangibles.
