Dos denuncias diarias por violencia sexual doméstica: un llamado urgente a la acción
El informe de la Oficina de Violencia Doméstica revela alarmantes estadísticas de violencia sexual en el hogar, destacando la necesidad de políticas públicas efectivas y mayor acceso a la justicia.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentó un informe que expone una realidad alarmante: en 2023, se registraron dos denuncias diarias por violencia sexual en el ámbito doméstico. En la mayoría de los casos, las víctimas mantenían vínculos de pareja o expareja con los agresores.
El informe señala que la OVD asistió a 606 mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia sexual en sus hogares. Las víctimas tenían una edad promedio de 36 años, y casi la mitad (46%) eran migrantes internas o externas. La precariedad económica era un factor común: el 54% carecía de cobertura de salud y el 22% no tenía ingresos propios.
Además, las estadísticas revelan una diversidad significativa entre las víctimas: 29 mujeres pertenecían a pueblos originarios, ocho eran afrodescendientes y 30 tenían alguna discapacidad.
La violencia denunciada incluyó contacto corporal en el 93% de los casos, con un 71% que involucró penetración y un 22% tocamientos. Más de la mitad de los episodios (74%) fueron repetidos, y un 34% de las víctimas reportaron lesiones físicas. Otros datos preocupantes incluyen 34 casos de sumisión química y 35 de violencia digital, así como 114 mujeres que sufrieron violencia reproductiva.
El hogar sigue siendo el principal escenario de la violencia: en el 57% de los casos, los episodios ocurrieron en viviendas compartidas con los agresores.
Derivaciones y respuesta judicial
El 98% de los casos fueron derivados a instancias judiciales o administrativas. La mayor parte fue remitida a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (64%), seguida por la Justicia Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (34%).
La OVD, que opera las 24 horas, evalúa el riesgo de las víctimas, confecciona informes médicos y facilita el acceso a la justicia. Su sede, ubicada en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también cuenta con salas de cuidado infantil para garantizar que las mujeres puedan realizar las denuncias.
El informe expone una problemática persistente y urgente, especialmente en un contexto en el que las políticas públicas deben ser reforzadas para combatir este tipo de violencia. A pesar de los esfuerzos institucionales, la vulnerabilidad económica y social de las víctimas requiere respuestas integrales y efectivas.
