Venta de bienes públicos en Argentina: la controversia crece por nuevas subastas

El reciente decreto 950/2024, que autoriza la venta de 309 propiedades públicas, ha desatado una fuerte polémica en Argentina. Bajo el argumento de “optimización de recursos estatales”, el gobierno ha decidido subastar inmuebles que, en muchos casos, no pertenecen directamente al Estado nacional, sino a organismos autárquicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este decreto trae a la memoria las subastas de 2016-2019, durante las cuales se denunció la venta de propiedades a precios “irrisorios” que perjudicaron al Estado en unos 62 millones de dólares.

Entre las propiedades incluidas en esta medida se encuentra el edificio de Cerviño 3101, ubicado en una de las zonas más cotizadas de Buenos Aires. Este inmueble alberga instalaciones de investigación del INTA y ha sido valorado en aproximadamente 10 millones de dólares. Sin embargo, el decreto clasifica al inmueble como un “terreno baldío”, argumentando que su venta se justifica debido a su presunto desuso. Esta catalogación ha generado indignación en sectores sindicales, especialmente en la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que ha denunciado públicamente la situación y solicitado la nulidad del decreto por presunta “desviación de poder”.

Una subasta polémica y el eco del pasado

El decreto 950/2024 presenta similitudes con las polémicas ventas realizadas entre 2016 y 2019 bajo el gobierno de Mauricio Macri. En ese período, se vendieron propiedades de alto valor, muchas de ellas en la codiciada zona de Puerto Madero, mediante subastas en las que solo participaba un único oferente, lo que facilitó la adjudicación de propiedades a precios muy por debajo del mercado. La Auditoría General de la Nación (AGN), en su dictamen de noviembre de 2023, destacó que estas operaciones, realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ocasionaron un serio perjuicio fiscal.

Las propiedades en cuestión fueron adquiridas por empresas vinculadas a figuras cercanas al gobierno de entonces, como Consultatio de Eduardo Constantini y TLGT de Nicolás Caputo. La continuidad de estas prácticas ha despertado críticas de múltiples sectores, quienes acusan al actual gobierno de querer “reeditar” las condiciones que permitieron tales beneficios a particulares en el pasado.

Una decisión bajo sospecha

La decisión de clasificar propiedades como “ociosas” para proceder a su venta ha sido señalada como una maniobra “maliciosa” por el gremio APINTA, que denuncia que el decreto incurre en una desviación de poder. Según el gremio, al declarar estas propiedades como “en desuso”, el gobierno no solo falsea el estado de los bienes, sino que además actúa en beneficio de intereses privados, favoreciendo así la posible adjudicación de propiedades estratégicas a precios bajos.

En un comunicado, APINTA acusó al Ejecutivo de faltar a la verdad al describir estas propiedades, argumentando que tales actos no solo implican nulidad administrativa, sino que podrían llevar a sanciones penales. Además, mencionaron que esta venta afecta el sistema de ciencia, tecnología e innovación pública, considerando que propiedades como el edificio de Cerviño 3101 son esenciales para el desarrollo de actividades científicas en el país.

Privatización o desmantelamiento

La venta de bienes públicos y la controversia generada reflejan una disputa de fondo en Argentina: ¿optimización de recursos o desmantelamiento del Estado? La medida, que busca recaudar fondos en medio de una crisis económica, ha reavivado el debate sobre la privatización de propiedades públicas y el uso de fondos estatales, mientras sectores críticos exigen transparencia y cuestionan la legalidad de estas acciones.

A medida que avanza el proceso, se espera que las denuncias legales y las investigaciones en curso definan el destino de estas propiedades, estableciendo un precedente para futuras decisiones en torno a la administración de bienes públicos en Argentina.