Provincias tendrán autonomía para importar medicamentos sin control nacional: laboratorios en alerta
La decisión de permitir que las provincias importen medicamentos sin la intervención de la Nación ha generado fuertes críticas. La medida, que busca abaratar costos, pone en riesgo la salud pública y amenaza la industria farmacéutica local.
En un controvertido giro, el Gobierno Nacional, encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la desregulación de la compra de medicamentos, cediendo a las provincias la potestad de importarlos sin la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Aunque la medida busca reducir los precios, las alarmas se encendieron de inmediato en la industria farmacéutica y entre expertos en salud, quienes advierten sobre los peligros que esta flexibilización podría acarrear.
El Gobierno, en su afán por implementar una política de desregulación sin precedentes, anunció que las provincias podrán importar medicamentos sin el control de la ANMAT, argumentando que esta medida ayudará a bajar los costos y mejorar el acceso a tratamientos esenciales. Según el ministro Sturzenegger, la iniciativa “revolucionará el mercado de medicamentos”, permitiendo que los gobernadores negocien directamente con proveedores extranjeros.
Sin embargo, esta decisión ha generado duras críticas desde diversos sectores que señalan la irresponsabilidad del Gobierno Nacional al desentenderse de una cuestión tan delicada como la salud pública. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya ha anticipado su intención de comprar medicamentos en India, un país donde los estándares de control pueden diferir ampliamente de los requerimientos locales, lo que ha disparado preocupaciones sobre la calidad de los productos que ingresarán al país.
A nivel nacional, la falta de control por parte de la ANMAT —históricamente responsable de garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos— despierta serias dudas. El ministro de Salud, Mario Iván Lugones, apoya la medida bajo el argumento de que la ley 16.463 otorga a las provincias la facultad de importar y comercializar medicamentos sin necesidad de autorización nacional, algo que muchos consideran un vacío legal que se está utilizando de manera irresponsable.
Mientras el Gobierno intenta presentar esta medida como un avance, las críticas no tardaron en llegar. «Estamos hablando de salud pública, no de una simple mercancía. La desregulación es una receta peligrosa que puede comprometer la vida de miles de argentinos», opinó un experto en políticas sanitarias que prefirió mantener el anonimato. Además, recordó que Argentina tiene una larga historia de controles estrictos sobre la industria farmacéutica precisamente para evitar que se comercialicen productos de baja calidad que puedan poner en riesgo a la población.
La alarma de los laboratorios y la competencia desleal
Los laboratorios nacionales, por su parte, han sido contundentes en sus críticas. «Permitir que las provincias importen sin pasar por el control de la ANMAT es directamente criminal», sostuvo una fuente de la industria en diálogo con medios nacionales. «Las provincias no tienen la capacidad técnica ni la infraestructura para realizar los controles necesarios. Estamos dejando la puerta abierta para que ingresen productos de dudosa procedencia que pondrán en peligro a los pacientes».
Además, los laboratorios nacionales denuncian que la medida del Gobierno genera un escenario de competencia desleal, al permitir que las farmacéuticas extranjeras ingresen al mercado sin someterse a las mismas regulaciones que las empresas locales. «Mientras nosotros esperamos años para que la ANMAT apruebe nuestros registros, las multinacionales podrán traer sus productos sin ningún tipo de barrera», advirtió un empresario del sector.
La política de desregulación del mercado de medicamentos no solo deja a la industria farmacéutica en estado de alerta, sino que pone en jaque la confianza en el sistema de salud argentino. Al ceder el control a las provincias y abandonar su responsabilidad regulatoria, el Gobierno Nacional abre la puerta a riesgos sanitarios graves que podrían afectar a millones de personas. Si bien la promesa de medicamentos más accesibles es seductora, el costo podría ser mucho más alto: la salud de la población.
