La Justicia exige al Gobierno que explicaciones sobre el futuro de los archivos de la Conadi

La reciente decisión del Gobierno de eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) ha encendido alarmas en organismos de derechos humanos y el ámbito judicial. La UEI, encargada de investigar la apropiación de bebés durante la última dictadura, ha sido un pilar en la búsqueda de justicia y verdad. Ante esta situación, la Justicia ha dado un plazo de 48 horas al Gobierno para que explique de qué manera se resguardará la documentación que estaba bajo custodia de esta unidad.

El juez federal Ernesto Kreplak ha ordenado que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, actualmente bajo la dirección del exjuez Alberto Baños, junto con la Conadi, detallen las medidas que tomarán para preservar la documentación clave en poder de la UEI. Además, se exige identificar qué organismo asumirá la custodia de este material, esencial para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Argentina.

La decisión de disolver la UEI, que se conoció el pasado miércoles, fue tomada por el Gobierno de Milei, generando un fuerte rechazo por parte de organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo. Este organismo, dependiente del Poder Ejecutivo y fundado en 1992, ha jugado un rol crucial en la recuperación de hijos y nietos apropiados ilegalmente durante el régimen militar. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 715, que dio origen a la UEI, permitiendo a la Conadi llevar adelante investigaciones profundas y acceder a archivos y documentos oficiales.

El contexto de esta medida también está marcado por las recientes visitas de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados, como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, en la cárcel de Ezeiza, lo que ha generado inquietud entre los defensores de los derechos humanos. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, la eliminación de la UEI representa un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad, ralentizando los procesos de devolución de identidad y poniendo en riesgo la confidencialidad de las investigaciones.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la decisión, argumentando que la investigación de crímenes de lesa humanidad debe recaer en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y no en el Poder Ejecutivo, dado que este último carece de autoridad para acceder a documentos públicos o realizar investigaciones de esta índole.

Hasta la fecha, la UEI ha permitido a la Conadi acceder directamente a los archivos de organismos del Poder Ejecutivo, incluidos los de la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y los organismos registrales. La disolución de esta unidad plantea un interrogante sobre cómo se continuará con esta tarea vital.

La respuesta que el Gobierno presente en las próximas 48 horas será crucial para determinar el futuro de los archivos de la Conadi y el curso de las investigaciones sobre la apropiación de bebés durante la dictadura. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos permanecen en alerta, advirtiendo sobre los riesgos que implica esta decisión para la memoria y la justicia en Argentin