La jueza Servini cuestiona la represión y las imputaciones tras las protestas en el Congreso

Al operativo de Patricia Bullrich lo calificó como "desorganizado". Y criticó las carátulas de "sedición" y "terrorismo" que les imputó el fiscal a los detenidos.

La jueza María Servini cuestionó duramente el operativo de seguridad llevado a cabo durante las protestas en las inmediaciones del Congreso Nacional, y criticó las imputaciones de «sedición» y «terrorismo» que el fiscal Carlos Stornelli solicitó para los detenidos. En sus declaraciones, Servini dejó en claro que existen pruebas contra las cinco personas que siguen detenidas, pero consideró excesivas las acusaciones realizadas por el fiscal.

«Había que preguntarle al fiscal Stornelli qué es lo que vio para hacer ese dictamen. A lo mejor vio algo que yo no vi. Muchas veces se difiere con el fiscal», sostuvo Servini en una entrevista con El Destape. La jueza también descartó la posibilidad de que los manifestantes hubieran intentado llevar a cabo un golpe de Estado, como insinuaron algunos miembros del Gobierno. «Si yo creyera eso, hubiera actuado distinto», afirmó, aunque aclaró que la investigación aún está en una etapa temprana.

En cuanto al operativo de seguridad, la jueza fue especialmente crítica con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según Servini, el despliegue de fuerzas fue «desorganizado» y señaló que la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad dejó mucho que desear. «Sé que la ministra Patricia Bullrich hizo un comando común independiente del Ministerio de Seguridad. No sé cómo trabajan, cómo están organizados. Aparentemente, por lo que yo recibo de todas las causas y denuncias, me parece que no están organizados. Y si están organizados, están tirando cada uno por su lado», comentó la magistrada.

Servini también subrayó la falta de preparación de la Prefectura Naval Argentina para manejar disturbios en la calle, mencionando específicamente el incidente en el que el diputado Carlos Castagneto y otros manifestantes fueron rociados con gas pimienta por parte de los efectivos de la fuerza federal. «Esta gente de Prefectura no está acostumbrada a tener problemas en la calle. La parte de Puerto Madero es una parte tranquila. Quisiera saber cuántas veces salió a la calle en casos de disturbios», indicó.

De los 33 detenidos durante las manifestaciones del 12 de junio, la jueza ordenó la liberación de 28 en dos instancias diferentes, citando falta de mérito. Sin embargo, cinco personas aún permanecen detenidas en distintos penales federales: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Servini explicó que existen «muchos videos» en el expediente que continúan siendo analizados y que se necesita más tiempo para revisar todas las pruebas.

«Sí, hemos hecho un estudio muy rápido, por arriba, porque el tiempo no nos daba», comentó la jueza sobre los motivos para mantener detenidas a estas cinco personas. Según sus declaraciones, los videos y otras pruebas en el expediente justifican, por ahora, su privación de libertad.

Las declaraciones de la jueza María Servini ponen de relieve las discrepancias internas sobre la gestión del operativo de seguridad y las imputaciones judiciales tras las protestas en el Congreso. La crítica a la falta de organización y a las acusaciones desproporcionadas reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de un análisis detallado y cuidadoso en la administración de justicia.