Escándalo de los alimentos: El Fiscal de Cámara pide rechazar la apelación de Capital Humano

El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó el rechazo de la apelación del Ministerio de Capital Humano contra la medida cautelar del juez Sebastián Casanello, que ordena la distribución de casi 6 millones de kilos de alimentos almacenados en depósitos. Esta situación pone en el centro de la polémica la gestión de la cartera dirigida por Sandra Pettovello y el cumplimiento de los derechos básicos de la población vulnerable.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que la resolución de Casanello, que obliga al Gobierno a repartir los alimentos encontrados en depósitos de Villa Martelli y Tucumán, no invade la esfera de reserva del poder ejecutivo ni quebranta la división de poderes. Según el fiscal, se trata de una acción para garantizar el derecho constitucional y los tratados internacionales que aseguran el acceso a los alimentos.

En los últimos días, el caso de los alimentos almacenados ha generado una fuerte controversia en la esfera política y social del país. La decisión del juez Sebastián Casanello de imponer una medida cautelar al Ministerio de Capital Humano para que distribuyera los casi 6 millones de kilos de comida almacenados en depósitos destinados a comedores y merenderos, fue apelada por la subsecretaría de Legales, Leila Gianni. Esta medida provocó una respuesta inmediata por parte del fiscal José Luis Agüero Iturbe, quien solicitó que se rechace la apelación y se confirme la resolución del juez.

Durante una entrevista, Leila Gianni criticó duramente la intervención del juez en lo que ella considera decisiones exclusivas del poder ejecutivo, acusando a Casanello de ser un «juez militante». Según Gianni, la medida del juez implica una intromisión injustificada en la gestión administrativa del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.

En respuesta, Agüero Iturbe enfatizó que la medida cautelar no busca formular políticas públicas, sino asegurar que las existentes sean cumplidas conforme al marco constitucional y la ley de seguridad alimentaria. «No se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantizar el cumplimiento de aquella delineada o a delinear por la propia Administración Nacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad y la ley de seguridad alimentaria», afirmó el fiscal. Además, destacó la importancia de no permitir que las acciones del gobierno solapen la realidad del caso: «Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso».

Agüero Iturbe también desmintió la versión oficial del Gobierno que sostenía que los depósitos contenían principalmente yerba mate. Según el fiscal, un 34,6% de la mercadería en Villa Martelli y un 40,7% en Tucumán no corresponde a yerba mate y se encuentra abarcada en la distribución ordenada por la justicia. Este detalle resulta crucial para determinar la magnitud y la variedad de los alimentos almacenados, subrayando la necesidad urgente de su distribución.

La decisión final ahora recae en la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Alberto Boico, quienes deberán decidir si aceptan la apelación del Ministerio de Capital Humano o ratifican la medida cautelar dictada por el juez Casanello. Esta resolución será determinante no solo para la distribución de los alimentos almacenados, sino también para definir los límites de la intervención judicial en las políticas de administración pública.

El escándalo de los alimentos almacenados revela profundas tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo, así como la necesidad de una gestión transparente y eficiente de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Mientras tanto, millones de kilos de comida permanecen en depósitos a la espera de una decisión judicial que podría llevar alivio a miles de familias necesitadas en un contexto económico y social crítico.