Crisis en PAMI: entre turnos a cuatro meses y el avance de los copagos ilegales

La obra social más grande de Latinoamérica atraviesa uno de sus momentos más delicados. La crisis en el PAMI se ha profundizado en los últimos meses, dejando a sus más de 5 millones de afiliados en una situación de vulnerabilidad extrema. El escenario actual se define por una combinación de factores asfixiantes: turnos para especialistas que se otorgan con demoras de hasta cuatro meses, cupos limitados para estudios de alta complejidad y la aparición de copagos y «plus» médicos en diversas regiones del país, una práctica que antes era excepcional y hoy se vuelve norma ante la falta de pagos oficiales.

El origen de este deterioro se encuentra en un marcado desfinanciamiento. Según estimaciones del sector privado, el Ministerio de Economía mantiene una deuda con el organismo que asciende a 1,40 billones de pesos, lo que representa casi el 14% de su presupuesto total para el año 2026. Esta interrupción de transferencias desde el Tesoro Nacional ha cortado la cadena de pagos, dejando a los prestadores privados con una acreencia cercana a los 500 millones de pesos, lo que ha derivado en restricciones directas a la atención.

Un sistema de salud que expulsa al afiliado

Ante la falta de regularización de los pagos, muchas clínicas, sanatorios y hospitales privados han comenzado a tratar a los jubilados como pacientes particulares. Esto significa que los adultos mayores deben abonar la consulta o el estudio de su bolsillo para luego intentar, en un circuito burocrático cada vez más complejo, un reintegro que pocas veces llega. En localidades bonaerenses como Olavarría, Azul y Bolívar, los afiliados ya deben pagar para ser atendidos, mientras que en provincias como Córdoba, el cierre de centros de salud obliga a los pacientes a recorrer largas distancias para recibir asistencia básica.

La gestión de autorizaciones también se ha convertido en un cuello de botella. Tras recibir una orden médica, el afiliado debe enfrentar una segunda instancia de validación en el PAMI donde se aplica un criterio de priorización extrema. Bajo este esquema, solo los casos oncológicos o preoperatorios urgentes reciben luz verde inmediata, mientras que el resto de las patologías crónicas o consultas preventivas quedan relegadas a listas de espera que parecen no tener fin.

Denuncias por recortes y falta de insumos

El impacto operativo de la crisis no solo se siente en los consultorios, sino también en la provisión de elementos esenciales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han denunciado que, en lo que va de la actual gestión, se ha paralizado la compra de artículos de fisiatría. Esto incluye desde bastones y sillas de ruedas hasta camas ortopédicas y colchones antiescaras, insumos vitales para la calidad de vida de los pacientes con movilidad reducida.

A este panorama se suman denuncias por presuntas irregularidades administrativas y sobreprecios en ciertas contrataciones, en un contexto donde los gremios advierten sobre despidos masivos que afectan la capacidad de respuesta de las agencias locales. La falta de insumos básicos y el recorte en la estructura de personal terminan por configurar un sistema que, lejos de proteger, parece desgastar al afiliado.

Incertidumbre y falta de diálogo

Hasta el momento, las negociaciones entre el Gobierno nacional y las cámaras que agrupan a los prestadores privados no han arrojado resultados concretos. La falta de un cronograma de pagos certero mantiene el conflicto en un punto de ebullición. Mientras tanto, el futuro inmediato para los millones de jubilados que dependen de la obra social es incierto. La salud de la clase pasiva se ha convertido en una variable de ajuste más en el complejo tablero económico actual, dejando a una de las poblaciones más sensibles del país a la deriva de un sistema que pierde su capacidad de respuesta día tras día.