Escándalo por vuelos privados: una productora ligada a la TV Pública pagó el viaje de Adorni a Uruguay

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un giro crítico tras conocerse los primeros detalles de la investigación por su viaje a Uruguay durante los feriados de carnaval. Según facturas entregadas por la empresa de vuelos privados Alpha Centauri S.A., el primer tramo del trayecto fue abonado por Imhouse S.A., una productora de contenidos propiedad del periodista Marcelo Grandio, quien mantiene vínculos contractuales con la Televisión Pública.

Los detalles del vuelo y el costo en dólares

El informe judicial revela que el tramo de ida, realizado entre el 12 y el 17 de febrero de 2026, tuvo un costo de $6,9 millones de pesos, equivalentes a unos 4.830 dólares. En dicha aeronave, un «Honda Jet» con matrícula LVHWA, viajaron Adorni, su esposa, sus hijos y el propio Grandio.

A diferencia del primer trayecto, el regreso de la familia Adorni se realizó bajo una modalidad distinta y a nombre de un tercero, lo que ha despertado suspicacias en la fiscalía sobre la transparencia del financiamiento total de las vacaciones del funcionario.

Versiones encontradas y el rol de Imhouse S.A.

Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni, intentó minimizar el impacto del hallazgo en declaraciones públicas. Aseguró que el funcionario «pagó sus pasajes» con dinero propio y que él solo actuó como intermediario ante la compañía aérea. Sin embargo, los documentos contables contradicen parcialmente esta versión al señalar a su productora como la pagadora directa.

El punto de mayor fricción ética radica en la naturaleza de Imhouse S.A.:

• Vínculo estatal: La productora ha tenido contratos con la Televisión Pública para programas como Giros en línea recta y Gritalo Mundial.

• Contenido político: El sitio web de la empresa promociona entrevistas exclusivas entre Grandio, Adorni y el presidente Javier Milei.

• Defensa de Grandio: El periodista afirma que trabaja «gratis» hace dos años y que no recibe pauta oficial, aunque la Justicia busca determinar si los contratos vigentes con el medio estatal sirvieron como canal indirecto de financiamiento.

Avances en la causa judicial

La denuncia, presentada originalmente por diputados de la oposición (socialismo, UCR y Coalición Cívica), se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. Las medidas ordenadas buscan reconstruir la «trazabilidad del dinero» para descartar el uso de fondos públicos o dádivas.

Entre las medidas solicitadas por la fiscalía destacan:

1. Declaración testimonial: Se citará a Marcelo Grandio para que aclare el origen de los fondos de Imhouse S.A.

2. Registros fílmicos: Secuestro de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando.

3. Informes de ANAC y Aduana: Verificación del plan de vuelo y los controles migratorios efectuados a los pasajeros.

4. Análisis mediático: Desgrabación de las entrevistas donde tanto Adorni como Grandio ofrecieron versiones sobre los pagos.