El costo de alinearse con EE. UU.: tus medicamentos serán más caros por decreto
El Gobierno cedió a la presión de Washington y eliminó las trabas a los monopolios farmacéuticos. Qué significa para el presupuesto familiar el fin de los genéricos de última generación.
La administración de Javier Milei oficializó la derogación de la Resolución Conjunta 118/2012, una normativa que durante más de una década funcionó como un escudo para la industria nacional de medicamentos. Al eliminar los criterios estrictos que impedían a los laboratorios multinacionales patentar variantes menores de drogas ya existentes, el Ejecutivo abre la puerta a un esquema de monopolios prolongados. Esta decisión, lejos de ser un análisis sanitario, fue una condición directa impuesta por el gobierno de Estados Unidos para avanzar en acuerdos comerciales, trasladando el costo de la diplomacia al bolsillo de los pacientes.
El fin del «escudo» contra los precios abusivos
Hasta hoy, la Argentina limitaba lo que en la industria se conoce como evergreening: la estrategia de los grandes laboratorios para estirar la vigencia de sus patentes mediante cambios mínimos en la dosificación o la fórmula de un fármaco. Al no poder patentar estas «mejoras», los laboratorios argentinos podían lanzar versiones genéricas y biosimilares mucho más baratas apenas vencía la patente original.
Con la nueva Resolución Conjunta 1/2026, ese límite desaparece. Ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) podrá otorgar derechos exclusivos sobre estas variantes, impidiendo que la industria nacional compita con precios menores. Para el ciudadano, esto significa que el alivio económico que representaba comprar la versión «nacional» de un remedio de alta complejidad quedará bloqueado por años.
El impacto real: el ejemplo del Ozempic
La diferencia de precios entre un medicamento monopólico y uno nacional no es marginal; es estructural. Un caso testigo reciente fue el de la semaglutida (utilizada para la diabetes y obesidad). Mientras la versión internacional mantenía un precio elevado, la aparición de un genérico nacional permitió reducir el costo en un 63,5%.
Bajo el nuevo decreto, este tipo de competencia será casi imposible para los lanzamientos futuros. Según la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), el ahorro que generan los genéricos en el país ronda los 3.321 millones de dólares anuales. Sin estas opciones, ese monto deberá ser absorbido por los afiliados de prepagas, obras sociales y, fundamentalmente, por el gasto directo de los hogares.
«La medida no afecta a los remedios que ya están en la farmacia, pero condena a los pacientes del futuro a pagar precios de monopolio por las nuevas curas y tratamientos».
Un sistema de salud bajo presión
El encarecimiento de los medicamentos no solo afecta al comprador minorista. Las obras sociales y el PAMI, que ya atraviesan una situación financiera delicada, verán multiplicarse sus costos operativos. Al no contar con opciones nacionales económicas para tratamientos oncológicos o de enfermedades crónicas, el sistema de salud entero entra en una zona de fragilidad financiera, lo que inevitablemente derivará en mayores restricciones de cobertura o aumentos en las cuotas mensuales.
En definitiva, la búsqueda de una «normalización internacional» y el alineamiento geopolítico con Washington han dejado de lado una política de salud pública que garantizaba el acceso. Mientras el Gobierno celebra la apertura de mercados, el ciudadano común se prepara para enfrentar un ticket de farmacia que, por decreto, será cada vez más difícil de pagar.
