El balance de la gestión Milei: un modelo de transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados
Tras dos años de mandato, el esquema económico de Javier Milei revela una marcada asimetría fiscal: mientras se reducen impuestos a los bienes de lujo y grandes patrimonios, la clase trabajadora y los jubilados enfrentan una carga tributaria creciente y recortes históricos.
A dos años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el análisis pormenorizado de las leyes, decretos y resoluciones oficiales permite desentrañar la verdadera anatomía de su plan económico. Aunque la narrativa oficial se centró originalmente en una baja generalizada de la presión impositiva, la realidad de 2026 muestra un resultado selectivo. El balance de gestión expone una ecuación donde los beneficios fiscales se concentran en la cúspide de la pirámide social, mientras que el ajuste y la reposición de tributos recaen sobre los sectores medios, trabajadores y poblaciones vulnerables, consolidando un modelo de transferencia de riqueza de abajo hacia arriba.
Beneficios para la élite: del RIGI a los bienes suntuarios
El corazón de la política fiscal libertaria ha favorecido directamente a los sectores más acaudalados. Uno de los pilares ha sido la reforma en Bienes Personales, donde se elevó el mínimo no imponible y se redujeron alícuotas, beneficiando apenas al 3% de la población con mayor capacidad contributiva. A esto se suma el congelamiento de las valuaciones al tipo de cambio de diciembre de 2023, una medida que representó un alivio extraordinario para quienes poseen activos dolarizados.
En sintonía con este enfoque, el Gobierno eliminó impuestos internos para autos de lujo, eléctricos e híbridos. El costo fiscal de esta decisión se estima en 350 millones de dólares anuales, una cifra que contrasta con el desfinanciamiento de áreas estratégicas como el CONICET. Por otro lado, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorgó estabilidad fiscal por 30 años y libre disponibilidad de divisas a proyectos extractivistas, mientras que las Pymes locales perdieron herramientas de protección como el «Compre Nacional».
El sistema también premió la informalidad del capital a través de blanqueos con tasas cercanas a cero y la condonación de deudas patronales. La Ley de Modernización Laboral de 2026 terminó de sellar este camino, permitiendo a empresas que evadieron aportes durante años regularizar su situación con quitas de hasta el 70% en sus deudas, extinguiendo además cualquier acción penal previa.
El ajuste sobre las mayorías: jubilaciones y salarios bajo presión
En la otra cara de la moneda, el impacto sobre el consumo y el ingreso familiar ha sido severo. Desde enero de 2024, la restitución del IVA a la canasta básica golpeó el bolsillo de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. El sector pasivo ha sido, quizás, el más afectado: tras el veto a la ley de movilidad y el cambio de fórmula, las jubilaciones registran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 32% respecto al esquema anterior, sumado a una crisis prestacional en el PAMI que limita el acceso a medicamentos y turnos médicos.
La clase media trabajadora tampoco quedó al margen. La Ley Bases restableció el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, incorporando a un millón de trabajadores que estaban exentos. Asimismo, el monotributo sufrió un incremento del 110,9% al inicio de la gestión, y el impuesto a los combustibles líquidos fue actualizado en 15 ocasiones, motorizando aumentos constantes en el transporte y la logística de toda la cadena productiva.
Derrumbe industrial y emergencia educativa
El impacto en la economía real se traduce en cifras alarmantes. La actividad industrial cayó un 10,9% interanual y se estima el cierre de más de 19.000 pymes y 25.000 comercios. El sector de la construcción, paralizado por el freno a la obra pública, perdió el 30% de sus puestos de trabajo. En febrero de 2026, la reforma laboral profundizó este escenario al habilitar jornadas de hasta 12 horas y flexibilizar los despidos.
Finalmente, el sistema de conocimiento y educación enfrenta un desmantelamiento sin precedentes. Con una reducción del 47,7% en la inversión educativa entre 2023 y 2025, el presupuesto universitario cayó casi un 30% y los salarios de investigadores se desplomaron un 37%. Este recorte estructural no solo afecta el presente de las aulas, sino que compromete el futuro del país al incentivar una nueva y masiva fuga de cerebros hacia el exterior.
