Causa $Libra: presentan nuevo amicus curiae y piden indagar a Milei

El CIPCE solicitó que el presidente Javier Milei preste declaración indagatoria tras revelarse un presunto acuerdo confidencial con el empresario Hayden Davis, lo cual configuraría negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación judicial conocida como Causa $Libra ha dado un giro significativo este lunes con la intervención del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). La entidad presentó un nuevo amicus curiae ante la justicia, fundamentado en información periodística que sugiere la existencia de un pacto privado y oculto entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el empresario estadounidense Hayden Davis.

El hallazgo del acuerdo «clandestino»

El disparador de esta nueva presentación fue una investigación del diario Clarín, que dio cuenta de un instrumento jurídico de carácter confidencial celebrado entre el mandatario y Davis. Tras esta revelación, el CIPCE activó pedidos de acceso a la información pública bajo la Ley 27.275 ante organismos clave como la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría General de la Presidencia.

Las respuestas oficiales de estas dependencias han generado una alarma institucional: ninguna de ellas tiene registro del mencionado convenio. Para el CIPCE, esto implica que el acuerdo no sería simplemente «confidencial», sino clandestino, habiéndose celebrado por fuera de la estructura jurídica formal del Poder Ejecutivo. Este escenario refuerza la hipótesis de que se habrían evitado deliberadamente los controles administrativos para favorecer negocios particulares.

Pedido de indagatoria presidencial

Ante la gravedad de los indicios, Pedro Biscay, Director Ejecutivo del CIPCE, fue contundente al solicitar que el Jefe de Estado sea citado a prestar declaración indagatoria. Según Biscay, la falta de avances en la instrucción pone en riesgo la responsabilidad internacional de Argentina frente a compromisos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

«Resulta conveniente convocar al presidente a prestar declaración indagatoria. No hacerlo afecta la transparencia y el cumplimiento de los tratados internacionales», afirmó Biscay, señalando que existe abundante material probatorio para avanzar en esta instancia.

El delito que se investiga es el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, una figura penal que castiga al funcionario que, por sí o por persona interpuesta, se interesara en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Parálisis en el Ministerio Público Fiscal

A un año de haberse iniciado la investigación, el CIPCE manifestó su preocupación por la «total falta de información» y la inacción del Ministerio Público Fiscal. La entidad cuestiona por qué, a pesar de las pruebas acumuladas y la relevancia pública del caso, la causa no ha mostrado progresos procesales significativos.

En el escrito presentado, se solicita formalmente que el Ministerio Público adopte medidas urgentes para obtener respuestas de la Procuración General de la Nación y de la Oficina Anticorrupción, además de exigir que se informe a la sociedad sobre los avances de una causa que afecta directamente la administración de los recursos del Estado.

Puntos clave de la presentación

El amicus curiae elevado por el CIPCE incluye una serie de requerimientos específicos para el juez de la causa:

  • Incorporación de prueba: Sumar las publicaciones periodísticas y la documentación que acreditaría el vínculo Davis-Milei.

  • Ampliación de intervención: Ratificar al CIPCE como «amigo del tribunal» para vigilar la transparencia del proceso.

  • Citación judicial: Formalizar el llamado a indagatoria del Presidente de la Nación para que explique los términos de su relación con el empresario.