Retroceso histórico: el presupuesto universitario se ubicaría un 40% por debajo de 2023
El desfinanciamiento proyectado para 2026 sitúa a las universidades nacionales en niveles reales similares a los de hace dos décadas, impulsado principalmente por el desplome de los salarios.
Con el inicio del ciclo lectivo 2026 en el horizonte, las universidades nacionales argentinas enfrentan una crisis de sostenibilidad sin precedentes recientes. El persistente incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo, sumado a una estrategia de ajuste fiscal profundizará la caída de los recursos. De consolidarse la tendencia actual, el presupuesto del sector se ubicará un 40% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales, lo que representa un retorno operativo a los estándares financieros de los años 2006 y 2007.
El salario como variable de ajuste
La gravedad del recorte no solo radica en la cifra global, sino en su composición. El deterioro de los ingresos de docentes y no docentes concentra más del 86% del ajuste aplicado por la gestión de La Libertad Avanza. Según datos técnicos, el salario docente universitario registró a diciembre de 2025 una pérdida del 31% de su poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023.
Para ilustrar el impacto con claridad: la remuneración bruta de un profesor adjunto (dedicación simple, sin antigüedad) que en 2015 equivalía a precios actuales a $663.086, se desplomó a $334.080 para finales de 2025. Esta caída cercana al 50% en una década refleja la erosión sistemática de la carrera académica. Si se cumplen las proyecciones inflacionarias del Mercado (REM), la pérdida salarial acumulada podría escalar al 37% solo durante el actual período de gobierno.
El conflicto por la Ley de Financiamiento
A pesar de que el Congreso aprobó e insistió en la Ley N° 27.795 para recomponer los fondos y salarios, el Gobierno nacional se niega a aplicarla. En su lugar, ha impulsado un nuevo proyecto que modifica la norma vigente. La diferencia entre ambas iniciativas es sustancial para la supervivencia del sistema:
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La ley vigente: Exige adicionar $2,7 billones a las partidas salariales para recuperar el nivel de 2023.
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El proyecto oficial: Reduce ese incremento a solo $187.744 millones, lo que implica un recorte de facto de $2,5 billones que dejarán de percibir los trabajadores universitarios.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han rechazado de plano la propuesta oficialista, advirtiendo que la norma propuesta no garantiza actualizaciones que acompañen la inflación ni contempla la recomposición de los gastos de funcionamiento indispensables para abrir las aulas.
Un impacto que trasciende lo salarial
Si bien los sueldos son el rubro más afectado, el ajuste ha permeado en todas las áreas de la vida universitaria. Durante 2025, el presupuesto ya había experimentado una caída real del 28,9% frente a 2023. Este vaciamiento se tradujo en recortes severos en:
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Extensión universitaria: Con una caída drástica del 97,8%, prácticamente anulando el vínculo territorial de las instituciones.
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Becas Progresar: Reducción del 62,4% en la cantidad de beneficiarios y una pérdida del 46,5% en el poder de compra del estipendio.
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Ciencia y técnica: Una contracción del 15,8%, afectando el desarrollo de investigaciones estratégicas para el país.
Un modelo en riesgo
El financiamiento universitario se encuentra en una encrucijada terminal. Para cumplir con la ley vigente, el Estado debería incrementar las partidas en $3,1 billones, una cifra que representa apenas el 2% del Presupuesto Nacional 2026. Sin embargo, la voluntad política parece orientada a consolidar un esquema de mínimos recursos que pone en duda no solo la calidad académica, sino la posibilidad misma de mantener las puertas abiertas en el segundo semestre del año. El retroceso de dos décadas en el financiamiento amenaza con desmantelar uno de los pilares de movilidad social más importantes de Argentina.
