Pablo Laurta: imputación por material de abuso infantil agrava su situación

La Justicia de Córdoba imputó al doble femicida Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil, hallado en sus dispositivos tras los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La espiral de horror que rodea a Pablo Laurta, el hombre vinculado a organizaciones de extrema derecha y sectores libertarios, sumó un capítulo de extrema gravedad institucional y penal. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba confirmó una nueva imputación contra el acusado: tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). Este hallazgo, derivado de los peritajes tecnológicos realizados tras su detención, no solo agrava su situación procesal, sino que expone la profundidad de un perfil criminal que ya cargaba con el doble femicidio de su expareja, su exsuegra y el asesinato de un chofer de remis.

El hallazgo en el peritaje tecnológico

La investigación judicial dio un vuelco significativo al analizar el contenido del teléfono celular y los dispositivos electrónicos secuestrados al momento de la captura de Laurta. Según fuentes allegadas al expediente, el material encontrado contiene registros de extrema violencia sexual contra niños y niñas, lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía especializada.

Esta nueva acusación se añade a un prontuario que ya estremecía a la opinión pública. Laurta está procesado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido en un contexto de violencia de género extrema, y por el homicidio de Martín Palacio, el remisero que lo trasladaba hacia la provincia de Córdoba en un intento de fuga. La acumulación de causas dibuja un patrón de desprecio absoluto por la vida y la integridad física, ahora extendido hacia la población más vulnerable: la infancia.

El ecosistema de Varones Unidos y el odio organizado

Para entender la figura de Pablo Laurta es imperativo analizar su militancia activa. El imputado se presentaba como uno de los referentes de Varones Unidos, una organización de origen uruguayo con ramificaciones en la región que promueve un discurso abiertamente antifeminista. Bajo el barniz de la «defensa de los derechos del hombre», este grupo se dedica a cuestionar las leyes de protección integral de las mujeres y a denunciar un supuesto «sesgo judicial» que victimiza a los varones.

El análisis periodístico de su trayectoria revela que Laurta no era un lobo solitario, sino un engranaje de un sistema de pensamiento que deshumaniza lo femenino. La narrativa de Varones Unidos, que a menudo coquetea con la negación de la violencia de género estructural, funciona como un caldo de cultivo donde el resentimiento se transforma en doctrina política. En este sentido, la nueva imputación por material de abuso infantil pone en jaque la supuesta superioridad moral que estos grupos intentan proyectar en sus intervenciones públicas.

Vínculos políticos y la retórica libertaria

El caso Laurta trasciende las crónicas policiales para instalarse en la agenda política argentina. En los últimos años, el acusado fue visto y fotografiado en diversos encuentros con figuras centrales del pensamiento libertario y la denominada «nueva derecha». Referentes como Agustín Laje y Nicolás Márquez, conocidos por su férrea oposición a la «ideología de género» y su cercanía ideológica con el presidente Javier Milei, han compartido espacios de debate y difusión con el hoy imputado.

Si bien estos vínculos no implican una responsabilidad penal para dichos referentes, sí evidencian una afinidad ideológica peligrosa. El ecosistema libertario ha servido, en muchos casos, como plataforma de amplificación para discursos que banalizan la violencia machista y cuestionan las políticas de Estado destinadas a erradicar el abuso. La presencia de un doble femicida y presunto poseedor de material de abuso infantil en las filas de estas organizaciones obliga a una reflexión profunda sobre los límites de la retórica del odio.

La difusa frontera entre la palabra y el crimen

La nueva imputación contra Pablo Laurta confirma que la violencia no es un hecho aislado, sino un proceso de escalada. La deshumanización que comienza en el discurso —a través de la misoginia organizada— encuentra su punto culmen en la eliminación física del otro o en el consumo de material que violenta a menores.

La Justicia tiene ahora el desafío de procesar este entramado complejo donde se cruzan los crímenes de odio, el femicidio y la pedofilia. Mientras tanto, la sociedad asiste a la caída de una máscara: la de aquel que, en nombre de la libertad y la masculinidad, ocultaba tras su pantalla el horror más abyecto.