Denuncian que el Gobierno avanza en el cierre “encubierto” de Vialidad Nacional

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció formalmente un proceso de «vaciamiento silencioso» en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Según la organización gremial, el Gobierno Nacional impulsa una reestructuración administrativa que desplaza al Estado de su rol operativo en la construcción y conservación de la red vial, delegando estas funciones esenciales en manos de terceros y limitando el organismo a tareas de mera fiscalización.

La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, calificó la medida como una violación a la división de poderes, sosteniendo que el Poder Ejecutivo avanza con un nuevo organigrama a pesar de los límites impuestos previamente por el Congreso y la Justicia. El conflicto escala en un contexto de fuerte ajuste sobre la obra pública, donde la parálisis de los proyectos de infraestructura ya genera preocupación por la seguridad vial y la integración territorial de las provincias.

Un nuevo organigrama bajo la lupa

El eje del conflicto radica en lo que el Gobierno denomina una «reorientación institucional». Según el informe oficial al que accedió el gremio, el plan consiste en reconvertir a Vialidad Nacional en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación y control de concesiones. Esto implicaría, en la práctica, el desmantelamiento de las cuadrillas operativas y la desinversión en maquinaria propia que tradicionalmente se encarga del mantenimiento directo de las rutas nacionales.

«El Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas, limitándose a observar cómo lo hacen terceros», advirtieron desde STVyARA a través de un comunicado. Para los trabajadores, este retiro del Estado no solo afecta la estabilidad laboral, sino que pone en riesgo el patrimonio público y la conectividad federal, especialmente en las zonas donde la rentabilidad para una empresa privada es nula.

Intimación a Sturzenegger y Fariña

Ante la inminencia de los cambios, el sindicato envió cartas documento dirigidas al ministro Federico Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. En la notificación legal, se los intima a abstenerse de ejecutar cualquier medida que tienda a la disolución o desnaturalización de la DNV. El gremio argumenta que estas acciones resultan contrarias al interés público y al deber de preservar el patrimonio estatal.

Además, el sindicato hizo personalmente responsables a los funcionarios por las posibles consecuencias patrimoniales y de seguridad vial que surjan de este vaciamiento. Sostienen que la desaparición de las capacidades operativas de Vialidad Nacional generará un daño irreversible en la infraestructura del país, afectando directamente a millones de usuarios que circulan por la red nacional.

El impacto en el desarrollo federal

Desde una perspectiva estratégica, la DNV ha sido históricamente el organismo encargado de garantizar la unión de las diversas regiones del país. El gremio enfatiza que el abandono de las tareas operativas golpeará con mayor fuerza a las regiones más postergadas, donde el mantenimiento de las rutas depende exclusivamente de la administración central.

La denuncia también resalta que este proceso se realiza «sin debate público», evitando el paso por el Poder Legislativo para modificar las misiones y funciones de un organismo creado por ley. Para Aleñá, se trata de una gestión «totalitaria» que ignora los mecanismos democráticos para avanzar en la destrucción de capacidades estatales instaladas.

Un conflicto en ascenso

El estado de alerta máxima declarado por los trabajadores viales marca el inicio de una nueva etapa de judicialización y conflicto sindical. Mientras el Gobierno defiende la eficiencia del modelo de concesiones y el recorte del gasto, los trabajadores viales advierten que el ahorro de hoy será la ruina de la infraestructura mañana. El destino de las rutas nacionales y de uno de los organismos más antiguos del país queda, por ahora, en medio de una batalla administrativa y legal.