Alerta por la reforma laboral: el CEPA advierte sobre una pérdida histórica de derechos
Un informe del Centro de Economía Política Argentina denuncia que el proyecto oficial promueve la precarización y el desfinanciamiento de la seguridad social. Aseguran que las indemnizaciones podrían caer hasta un 46%.
El escenario económico y social de la Argentina se encuentra frente a una encrucijada estructural tras la presentación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Bajo la premisa de la «modernización», el plan oficial propone una reconfiguración de los derechos de los trabajadores que ha encendido las alarmas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Según el reciente análisis de la entidad, la iniciativa no solo busca flexibilizar las condiciones de contratación, sino que promueve una transferencia millonaria de recursos desde el sector del trabajo hacia el capital, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema previsional.
El fin de la jornada tradicional y el recorte en indemnizaciones
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la introducción del «banco de horas» y la jornada extendida. En la práctica, esto facultaría a las empresas a compensar el exceso de carga horaria en momentos de alta demanda con francos en períodos de baja actividad, eliminando el pago de horas extra. Esta medida, sumada al fraccionamiento individual de las vacaciones, debilita la protección colectiva y deja al trabajador en una posición de vulnerabilidad frente al empleador.
Asimismo, el informe del CEPA destaca un impacto drástico en el cálculo de las indemnizaciones por despido. Al excluir gratificaciones, premios y participaciones en utilidades de la base de cálculo, sectores como el transporte o la industria textil verían una reducción del monto indemnizatorio de entre el 40% y el 46%. Esta licuación del costo de despido se complementa con una propuesta de reducción salarial en casos de accidente o enfermedad, castigando económicamente a quienes no puedan cumplir funciones por razones de salud.
Plataformas digitales: el laboratorio de la desregulación
El sector de los trabajadores de aplicaciones (Uber, Rappi) se perfila como el epicentro de este nuevo paradigma. El proyecto oficial excluye explícitamente a estos trabajadores de las protecciones de la Ley de Contrato de Trabajo, validando lo que el CEPA denomina la «dictadura del algoritmo». La precariedad en este ámbito es crítica: a septiembre de 2025, un repartidor necesitó realizar 461 pedidos mensuales —un promedio de 15 por día— solo para cubrir la Canasta Básica Total.
Restricción del derecho a huelga y desfinanciamiento
La reforma también avanza sobre la capacidad de organización gremial. Mediante la ampliación del concepto de «servicios esenciales», el Gobierno pretende exigir coberturas mínimas de hasta el 75% en sectores como educación, transporte y recolección de residuos. Según el CEPA, esto limitaría el derecho constitucional a la protesta del 55% de la fuerza laboral argentina.
En el plano macroeconómico, la reducción de contribuciones patronales y el aporte a obras sociales significaría un ahorro para las empresas de u$s 679 millones anuales, a costa de desfinanciar la salud laboral. Además, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con recursos del sistema previsional pondría en jaque la sostenibilidad de las jubilaciones futuras, alineándose con las exigencias del FMI para finales de 2026.
Riesgos en el cobro de haberes y modelos de informalidad
Finalmente, el informe advierte sobre la habilitación para pagar sueldos a través de billeteras virtuales como Mercado Pago. Al no contar estos fondos con la garantía de encaje del Banco Central, se plantean serias dudas sobre la seguridad de los haberes. El CEPA concluye que el esquema busca imitar modelos de alta informalidad, como el de Perú, priorizando una «macro ordenada» sobre la calidad del empleo formal y la seguridad social de los ciudadanos.
