Luciano Arruga: 17 años de una herida abierta en la democracia

El joven que se negó a robar para la policía bonaerense sigue siendo un símbolo de la lucha contra la violencia institucional y la impunidad en Argentina.

A 17 años de su desaparición forzada, el caso de Luciano Arruga permanece como un recordatorio brutal de las deudas del Estado. El 31 de enero de 2009, en Lomas del Mirador, un adolescente de 16 años fue secuestrado por negarse a participar en el circuito delictivo amparado por las fuerzas de seguridad. Lo que siguió fue una maquinaria de encubrimiento que duró cinco años y ocho meses, hasta que sus restos fueron hallados en 2014, enterrados como NN en el Cementerio de la Chacarita.

El origen de la persecución

La historia de Luciano Arruga no comenzó con su desaparición, sino meses antes. El hostigamiento por parte de la Policía Bonaerense era constante. La negativa de Luciano a «robar para la corona» —un eufemismo para el reclutamiento de jóvenes pobres por parte de uniformados— lo convirtió en un blanco.

En septiembre de 2008, Luciano fue detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador, donde fue torturado física y psicológicamente. Su hermana, Vanesa Orieta, escuchó sus gritos desde afuera. Esa detención previa fue la advertencia de lo que vendría después. El análisis crítico de este caso revela una estructura sistémica: la criminalización de la pobreza como herramienta de control social.

La noche de la desaparición y el muro de silencio

La madrugada del 31 de enero de 2009, Luciano fue visto por última vez tras salir de su casa. Durante años, la versión oficial y el tratamiento mediático hegemónico intentaron desviar la atención, sugiriendo que el joven se había ido por voluntad propia o que estaba involucrado en actos delictivos.

Sin embargo, la investigación impulsada por la familia y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) demostró que el Estado falló en todas sus instancias. La causa judicial estuvo plagada de irregularidades:

  1. Desvío de pruebas: Se utilizaron perros rastreadores que marcaron el destacamento policial, pero las pericias fueron ninguneadas inicialmente.

  2. Falta de recursos: La búsqueda recayó casi exclusivamente en la militancia de la familia.

  3. Encubrimiento judicial: La primera fiscal de la causa, Roxana Castelli, delegó la investigación en la misma policía sospechada.

El hallazgo en 2014 y la sentencia a Torales

El hallazgo del cuerpo en 2014 fue un punto de inflexión. Luciano había sido atropellado por un auto en la Avenida General Paz la misma noche de su desaparición y enterrado sin identificación. Este «accidente» nunca explicó por qué el joven corría desesperadamente por una autopista en una zona donde no solía estar, huyendo de algo o alguien.

En 2015, se logró una condena histórica, aunque parcial. El ex policía Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por las torturas infligidas a Luciano en 2008. Aunque esta sentencia validó el relato de la familia sobre el hostigamiento previo, la causa por la desaparición forzada y la muerte aún no tiene responsables materiales condenados.

La violencia institucional hoy

A casi dos décadas, el nombre de Luciano Arruga es una bandera en las marchas contra el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias. Según datos de organizaciones de derechos humanos, la práctica de captar jóvenes para delinquir no ha desaparecido, sino que se ha sofisticado.

El contexto actual exige una síntesis experta sobre las políticas de seguridad. La figura de Luciano trasciende su propio caso; representa a miles de jóvenes de barrios populares que enfrentan una triple vulnerabilidad: la exclusión económica, la estigmatización social y el asedio policial. La impunidad en este caso alimenta la repetición de estas prácticas.

La memoria como herramienta de justicia

La lucha de Vanesa Orieta y Mónica Alegre (madre de Luciano) ha sido fundamental para transformar el dolor individual en una demanda colectiva. A 17 años, la sociedad argentina enfrenta el desafío de no permitir que el tiempo diluya la gravedad de lo ocurrido.

La desaparición de Luciano Arruga no fue un error del sistema, sino una consecuencia de su funcionamiento en los márgenes. Recordarlo hoy no es solo un acto de nostalgia, sino una exigencia activa por una reforma profunda de las fuerzas de seguridad y un poder judicial que no sea cómplice del silencio. La justicia completa llegará solo cuando se rompan definitivamente los lazos entre el delito y quienes deben combatirlo.