La recaudación cayó 2,5 billones en 2025: el peor periodo fiscal en siete años

La economía argentina atraviesa una de las crisis fiscales más profundas de la última década. Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la recaudación tributaria nacional de 2025 registró una caída de 2,5 billones de pesos en términos reales respecto al año anterior. Este retroceso no solo marca el peor desempeño fiscal en siete años, sino que consolida un proceso de desfinanciamiento estatal que acumula 12 billones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023. El modelo, basado en la reducción de gravámenes a sectores concentrados, ha forzado recortes drásticos en salud, educación y previsión social para sostener el equilibrio financiero.

Un desbalance estructural en las arcas públicas

El informe del Iaraf desglosa una dinámica preocupante: la pérdida de recursos no ha sido accidental, sino el resultado de una política deliberada de desgravación. Durante el último bienio, la eliminación o reducción de más de 19 impuestos —que benefician primordialmente a corporaciones y grandes contribuyentes— generó un bache fiscal que los tributos vinculados al consumo no lograron compensar.

El principal factor de esta sangría fue la eliminación del impuesto PAIS, que representó una pérdida de 10,5 billones de pesos. A esto se sumaron las caídas en los derechos de exportación (1,5 billones) y en Bienes Personales (1,1 billones). En contraste, el IVA, un impuesto que recae de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos, se mantuvo como uno de los pilares de la estructura tributaria, evidenciando una regresividad creciente en el sistema.

El impacto federal y la recaudación per cápita

Uno de los datos más reveladores del análisis es la distribución de la pérdida de ingresos. Aunque la presión tributaria total descendió del 22,4% del PIB en 2023 al 21,4% en 2025, el Estado Nacional no absorbió el impacto principal. El 92% de esta baja fue trasladado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la reducción de la masa coparticipable.

Esto ha dejado a los gobernadores en una situación límite, obligándolos a replicar el ajuste nacional en sus jurisdicciones. «La recaudación real por habitante de 2025 fue la menor de los últimos siete años», sentencia el Iaraf. En términos prácticos, la recaudación por habitante se ubicó un 13,7% por debajo del máximo alcanzado en 2022, lo que reduce la capacidad de respuesta del Estado en servicios básicos esenciales.

El ajuste social como variable de ajuste

Para compensar la caída de ingresos y mantener el superávit fiscal, el Gobierno ha profundizado el recorte en partidas de alta sensibilidad social. El presupuesto de 2025 reflejó esta realidad:

• Salud: Se registraron disminuciones reales en programas de financiamiento hospitalario y en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer.

• Educación: El sector sufrió una caída del 44% respecto a los niveles de 2023. A pesar de las leyes de financiamiento universitario logradas tras la presión legislativa, la ejecución real sigue por debajo de las necesidades inflacionarias.

• Ciencia y Tecnología: Pese a los anuncios oficiales, las partidas se han licuado en términos reales, comprometiendo proyectos de investigación a largo plazo.

El círculo vicioso de la recesión

El esquema económico actual parece haber entrado en un callejón sin salida. La reducción de impuestos a los sectores exportadores y concentrados no se tradujo en un shock de inversión que reactivara la economía. Por el contrario, el atraso cambiario y la caída del consumo interno han deprimido la actividad, lo que a su vez genera una menor recaudación por IVA y Ganancias, forzando una nueva ronda de ajustes para cumplir con las metas fiscales.

Hacia el futuro, el panorama no ofrece señales de alivio. Las proyecciones para 2026 incluyen nuevas reformas tributarias que prevén reducciones en contribuciones patronales y alícuotas de Ganancias corporativas, con una pérdida estimada adicional del 0,8% del PIB. Sin una recuperación genuina del consumo y la actividad productiva, el equilibrio fiscal seguirá dependiendo exclusivamente de la poda sobre la seguridad social y los servicios públicos, un modelo que muestra signos evidentes de agotamiento social y económico.