El presupuesto para comedores caerá un 15,8% en medio de una demanda creciente

La red de contención social en Argentina enfrenta uno de sus desafíos más críticos para el ciclo 2026. Según los datos proyectados para el Presupuesto Nacional, las partidas destinadas a merenderos y comedores comunitarios sufrirán una caída nominal del 15,8%, pasando de los $79.700 millones invertidos en 2025 a $67.104 millones para el año en curso. Este ajuste se produce en un contexto donde el rubro alimentos continúa escalando por encima de la inflación general y la demanda de asistencia se ha diversificado, alcanzando no solo a sectores desocupados, sino también a jubilados y trabajadores asalariados cuyos ingresos no cubren la canasta básica.

El repliegue de la asistencia nacional

El impacto de la desinversión estatal se siente con fuerza en las organizaciones de base. Instituciones como Sal de la Tierra, en Buenos Aires, reportan un incremento del 100% en la demanda tras el cese de los envíos de mercadería por parte de la Nación. Leonardo Álvarez, referente de la entidad, señala que la pérdida de 18.000 kilos mensuales de alimentos provenientes de la administración central ha forzado a los comedores a depender exclusivamente de los cupos provinciales y municipales, los cuales resultan insuficientes para el volumen de familias empadronadas.

Esta situación se replica en el interior del país. En Chaco, merenderos que atienden a cientos de niños han tenido que reducir sus raciones ante la merma estacional de donaciones particulares. La falta de un flujo constante de recursos federales obliga a los referentes barriales a realizar malabares logísticos, como ferias de ropa usada, para sostener la estructura mínima necesaria y garantizar, al menos, una comida diaria a los casos más urgentes.

Alimentos: una inflación que no da tregua

El ajuste presupuestario se vuelve aún más severo cuando se analiza el comportamiento de los precios. El Indec reveló que, durante 2025, el rubro alimentos escaló un 32,2%, superando la inflación general del 31,5%. Esta tendencia se mantuvo en el cierre del año, con un alza del 3,1% en diciembre frente al 2,8% del índice general.

Para los comedores, esto significa que el dinero rinde cada vez menos. La capacidad de compra de las organizaciones se ve erosionada por partida doble: por el recorte directo del presupuesto y por el encarecimiento de los insumos básicos. El resultado es una brecha creciente entre las familias que necesitan asistencia y las que efectivamente pueden ser incorporadas a los padrones oficiales, los cuales se mantienen cerrados o con cupos estrictos para evitar el colapso operativo.

Entre el reclamo judicial y la respuesta oficial

La tensión por la falta de alimentos ha escalado hasta el ámbito judicial. Esta semana, la Justicia habilitó la feria judicial para tramitar un reclamo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), exigiendo la entrega inmediata de mercadería a 30 comedores en situación crítica.

Desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, calificaron estas acciones como maniobras con «fines políticos y mediáticos». A través de un comunicado oficial, la cartera reafirmó su compromiso con la gestión eficaz de las políticas sociales, aunque no dio precisiones sobre cómo se compensará la caída real de los fondos en un escenario de alta vulnerabilidad social. Mientras el debate institucional continúa, en los barrios la urgencia no espera y la solidaridad civil se convierte, una vez más, en el último dique de contención.