Ley de Glaciares: el Gobierno impulsa cambios para destrabar megaminería
El Ejecutivo busca modificar la protección de reservorios hídricos para habilitar proyectos de cobre por u$s 28.000 millones, contando con el respaldo estratégico de gobernadores cordilleranos.
En el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias prevista para febrero, el Gobierno de Javier Milei se prepara para dar una batalla legislativa que trasciende lo económico: la modificación de la Ley de Glaciares (26.639). La iniciativa, que ya cuenta con dictamen en el Senado, propone redefinir los criterios de preservación ambiental para permitir la explotación minera e hidrocarburífera en zonas hoy protegidas, una medida que el oficialismo considera clave para consolidar el ingreso de divisas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).2
Autonomía provincial y el nuevo rol del IANIGLA
El eje central del proyecto radica en otorgar a las administraciones provinciales la potestad de determinar qué áreas cumplen efectivamente la función de «reserva estratégica de agua». Según el texto impulsado, si los equipos técnicos provinciales consideran que un cuerpo de hielo o ambiente periglacial no es vital para el suministro hídrico, podrán solicitar su exclusión del Inventario Nacional de Glaciares.
En tales casos, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) —actual autoridad de aplicación y control— perdería su capacidad de veto y «deberá eliminar» dicho registro. Esta flexibilización apunta directamente a remover los obstáculos legales que hoy prohíben la exploración minera y la construcción de infraestructura pesada en zonas de alta montaña, permitiendo el manejo de sustancias tóxicas en áreas que la ley de 2010 resguarda estrictamente.
Un frente transversal de gobernadores mineros
A diferencia de otras reformas, la modificación de la Ley de Glaciares ha logrado aglutinar un apoyo político que rompe la grieta tradicional. Gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y el catamarqueño Raúl Jalil (peronismo) coinciden en que la normativa vigente es demasiado restrictiva y bloquea el desarrollo del potencial metalífero de sus territorios.
El oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios en la Cámara Alta, apostando a una nueva división en el interbloque «Popular». Mientras senadoras como Anabel Fernández Sagasti y Alicia Kirchner denuncian un «retroceso ambiental» y advierten sobre la inseguridad jurídica que generará la judicialización de estos cambios, otros legisladores provinciales ven en esta reforma la llave para el despegue económico de sus regiones.
Cobre y RIGI: los proyectos en juego
La urgencia por modificar la ley está atada a compromisos de inversión de escala global, centrados principalmente en la extracción de cobre, un mineral crítico para la transición energética mundial.3
| Proyecto | Provincia | Inversión Estimada | Estado |
| Vicuña | San Juan | u$s 15.000 millones | Fusión Josemaría y Filo del Sol |
| El Pachón | San Juan | u$s 9.000 millones | Ingresado al RIGI |
| Agua Rica | Catamarca | u$s 4.300 millones | Ingresado al RIGI |
| Los Azules | San Juan | En evaluación | Potencial exportador |
El proyecto «Vicuña» se perfila para ser la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Sin embargo, su viabilidad técnica depende de la posibilidad de operar en zonas periglaciares, algo que la actual legislación impide taxativamente para proteger las 36 cuencas hídricas nacionales alimentadas por los 16.968 glaciares relevados en el país.
El riesgo hídrico en un contexto de deshielo
La comunidad científica y los sectores ambientalistas han encendido las alarmas. Datos del IANIGLA confirman que los glaciares del hemisferio sur son los que más masa de hielo pierden anualmente debido al cambio climático. Reducir los estándares de protección en este contexto no solo pondría en riesgo las reservas de agua dulce para consumo humano y riego, sino que —según la oposición— expondría a las provincias a una competencia de «flexibilización normativa» para atraer capitales, sacrificando el patrimonio natural a largo plazo.
