Ofensiva oficial contra la salud pública: el plan para privatizar hospitales en la Provincia
Bajo la premisa del ajuste fiscal, la Casa Rosada busca desmantelar el modelo estatal de los centros SAMIC para entregar su gestión a privados, poniendo en jaque el acceso gratuito de millones de bonaerenses.
En un nuevo avance contra los pilares del Estado, el Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan para desprenderse de la gestión de cinco hospitales de alta complejidad ubicados en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que se cocina en los despachos del Ministerio de Salud, pretende imponer un esquema de administración privada en centros que hoy son el último refugio sanitario para los sectores más vulnerables del Conurbano y el interior provincial.
El «modelo español»: ¿eficiencia o negocio con la enfermedad?
La administración de Javier Milei justifica este giro radical bajo el eufemismo de la «eficiencia operativa». El objetivo es implementar el denominado «modelo español», que consiste en tercerizar la administración de los hospitales a empresas privadas. En este esquema, el Estado abdica de su rol como garante directo de la salud para convertirse en un mero pagador de cápitas a operadores cuyo fin último, por naturaleza, es la rentabilidad económica y no el bienestar social.
Para los especialistas, este movimiento no es más que una privatización encubierta que busca aliviar el presupuesto nacional a costa de desfinanciar la alta complejidad en territorio bonaerense. Actualmente, la Nación cubre hasta el 80% de los costos de estos hospitales; con esta reforma, el Gobierno pretende desentenderse de la operatividad, dejando el derecho a la salud supeditado a la gestión de gerentes privados.
Los hospitales bonaerenses en la mira del ajuste
El plan oficial apunta al corazón del sistema sanitario de la provincia. Los centros señalados para la «concesión» no son establecimientos menores, sino instituciones de vanguardia que resuelven patologías críticas:
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Hospital El Cruce (Florencio Varela): Un orgullo de la salud pública latinoamericana en trasplantes, hoy amenazado por la lógica del mercado.
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Hospitales René Favaloro y Néstor Kirchner (La Matanza): Baluartes sanitarios en el distrito más poblado y castigado por la crisis.
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Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas): Nodo vital para la región de la Cuenca Alta.
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Hospital Bicentenario (Esteban Echeverría): Centro de referencia para cirugías de alta complejidad.
La entrega de estos establecimientos a manos privadas representa un golpe directo a la soberanía sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, eliminando el control social sobre los recursos públicos.
Alerta gremial: la salud pública en estado de asedio
La Federación de Trabajadores de la Salud ha calificado la medida como «indignante» y «peligrosa». Los gremios denuncian que la gestión privada en los hospitales SAMIC romperá el principio de gratuidad universal. Al introducirse la lógica de la cápita, existe el riesgo inminente de que se prioricen los tratamientos rentables sobre las necesidades reales de los pacientes, o que se impongan barreras burocráticas que excluyan a quienes no tienen cobertura formal.
«Es el desmantelamiento de la salud pública por goteo», advierten los trabajadores, quienes ya se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de que el Gobierno avance mediante un decreto autoritario para evitar el debate en el Congreso, donde la entrega de estos hospitales encontraría un rechazo masivo.
Un conflicto de poderes con la mira en el ajuste
La Casa Rosada utiliza el desfinanciamiento como arma de presión. Al negarse a sostener el esquema actual, el Ejecutivo nacional intenta forzar un traspaso a la Provincia sin los fondos correspondientes o, en su defecto, la aceptación del desembarco privado. Es una encerrona política que utiliza la salud de los bonaerenses como moneda de cambio en su obsesión por el déficit cero.
El mercado sobre el derecho humano
La intención de privatizar la gestión de los hospitales en la Provincia de Buenos Aires desnuda la verdadera prioridad del Gobierno nacional: convertir un derecho humano básico en una oportunidad de negocio. Si la gestión privada se impone sobre la estatal, la salud de alta complejidad dejará de ser una política de Estado para transformarse en un servicio condicionado por el ajuste, dejando a millones de ciudadanos a la deriva en el momento de mayor necesidad.
