Gatillo fácil en Lugano: procesan con prisión preventiva al oficial que fusiló a un joven en Navidad
La Justicia dictó la medida contra el policía Gastón Miño por el asesinato de Gabriel González. El fallo detalla que el efectivo disparó a menos de cinco metros con una escopeta, descartando la versión oficial de una "riña entre vecinos".
Un nuevo y brutal caso de violencia institucional sacude a la Ciudad de Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 dictó el procesamiento con prisión preventiva para el oficial de la Policía de la Ciudad, Gastón Miño, por el asesinato de Gabriel González, ocurrido el pasado 25 de diciembre en el Barrio 20 de Villa Lugano. El fallo judicial desbarata el intento inicial de la fuerza de encubrir el hecho y confirma que se trató de una ejecución a corta distancia.
Ejecución a quemarropa en plena Navidad
El documento judicial, firmado por el juez Hugo Decaría, es lapidario al describir la mecánica del crimen. Según la investigación, Miño utilizó una escopeta táctica Benelli M3 Super 90 calibre 12-70 para disparar directamente contra el cuerpo de González. El detalle técnico es estremecedor: el ataque se produjo a una distancia menor a los cinco metros, lo que garantizó la muerte instantánea de la víctima.
El episodio, que tuvo lugar durante los festejos navideños, quedó registrado en un video celular filmado por un vecino. En las imágenes se observa a la víctima sin remera, intentando cubrirse de las agresiones físicas de media docena de efectivos policiales antes de recibir la descarga fatal. Los disparos no solo terminaron con la vida de González, sino que también hirieron a su pareja y a otros vecinos que se encontraban en el lugar, evidenciando un desprecio total por la vida por parte del oficial procesado.
El desmoronamiento del encubrimiento
Desde el primer momento, la Policía de la Ciudad intentó presentar el asesinato como el desenlace de una «pelea entre vecinos». Sin embargo, el avance de la causa y el testimonio de los familiares —quienes ya fueron sobreseídos— permitieron establecer que la fuerza de seguridad intentó enmascarar lo que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) define como un «fusilamiento».
María del Carmen Verdú, titular de CORREPI, fue contundente tras conocerse el procesamiento: «El intento institucional de enmascarar el hecho quedó totalmente descartado. Ahora vamos por la cadena perpetua para el asesino y el juicio para los policías que actuaron como encubridores». Actualmente, existen otros efectivos de la fuerza porteña imputados por intentar desviar la investigación inicial.
Los fundamentos de la prisión preventiva
El juez Decaría justificó la continuidad de la detención de Miño bajo el riesgo de elusión de la justicia. Dado que la calificación del delito no permite una condena de ejecución condicional, la magistratura entiende que, de quedar en libertad, el oficial podría intentar fugarse o entorpecer el proceso judicial, dada su condición de miembro de una fuerza de seguridad con acceso a recursos y contactos.
«Es dable presumir que, frente a la grave imputación que se le formulara, intentará eludir el accionar de la administración de justicia», detalla el documento del juzgado.
Un llamado de atención a la gestión de seguridad
El procesamiento de Gastón Miño pone bajo la lupa los protocolos de intervención de la policía bajo la gestión de Jorge Macri. La brutalidad del video, que fue la prueba clave para desarmar la mentira oficial, deja en evidencia una falta de control sobre el uso de la fuerza letal en contextos de barrios populares. Mientras la familia de Gabriel González exige justicia, el caso se suma a la triste estadística de gatillo fácil que los organismos de derechos humanos denuncian con creciente preocupación.
