Kicillof blinda el transporte en el AMBA: la Provincia absorberá los subsidios nacionales
Tras el vencimiento del convenio con Nación el pasado 31 de diciembre, el Gobierno bonaerense creó un régimen propio de compensaciones para evitar un aumento desmedido del boleto.
El escenario del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa en una nueva etapa de autonomía forzada. Ante el retiro definitivo del Estado nacional del esquema de financiamiento, el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto estratégico para establecer un Régimen de Compensaciones Tarifarias netamente provincial. La medida busca garantizar la operatividad de las líneas de colectivos que recorren el conurbano y evitar que el recorte de transferencias nacionales se traslade de forma directa a la tarifa que abonan millones de usuarios diariamente. Con esta decisión, la Provincia consolida un proceso de absorción de costos que se inició en 2018, pero que ahora alcanza una escala total ante la ausencia de aportes de la Casa Rosada.
Un esquema de emergencia para sostener la conectividad
El nuevo marco normativo surge como respuesta inmediata al fin del convenio con Nación que caducó el último día de 2025. El Ejecutivo bonaerense, a través del Ministerio de Transporte, asumirá la responsabilidad de definir la metodología de cálculo y la distribución de los fondos destinados a las empresas de jurisdicción provincial y municipal. El objetivo es sostener las condiciones de «regularidad, continuidad y accesibilidad» en un sistema que ya se encontraba bajo una fuerte presión presupuestaria.
Para dotar de transparencia a este flujo de recursos, la Provincia ratificó el uso del sistema SUBE mediante un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. Esta herramienta no solo funcionará como medio de pago, sino como el auditor principal del sistema: los datos de kilometraje recorrido y cantidad de pasajeros transportados serán los que determinen el monto de las compensaciones, permitiendo un control más estricto sobre el gasto público en un contexto de recursos escasos.
Control estricto y condiciones para los municipios
El decreto de Kicillof no es un cheque en blanco para las comunas ni para las operadoras. Para que las líneas municipales puedan acceder a los fondos provinciales, los distritos deberán cumplir con una condición innegociable: homologar los cuadros tarifarios fijados por la Provincia. Esto busca unificar criterios en todo el AMBA y evitar disparidades de precios que perjudiquen a los pasajeros que atraviesan diferentes jurisdicciones.
Además, el régimen introduce cambios técnicos en la categorización de los servicios. Se eliminó formalmente la etiqueta de transporte «rural» para incorporar la de «suburbano», una modificación que reconoce la expansión urbana real de los últimos años. El esquema también prevé mecanismos de recupero de fondos en caso de detectarse pagos indebidos, dejando en claro que el otorgamiento de estas sumas está sujeto a evaluaciones periódicas y a la disponibilidad financiera de las arcas bonaerenses.
El mapa del alcance: más de 40 distritos beneficiados
La medida impacta en el corazón del conurbano bonaerense y alcanza a más de 40 municipios, incluyendo nodos de alta demanda como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y La Plata, además de zonas en crecimiento como Pilar y Tigre. Al cubrir tanto las líneas provinciales (que cruzan de un partido a otro) como las comunales (que circulan dentro de un mismo municipio), el Gobierno bonaerense intenta blindar la movilidad de la región más densamente poblada del país.
Este movimiento político y económico refuerza la postura de la administración de Kicillof de posicionarse como el «escudo» frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. No obstante, el desafío es mayúsculo: sin el flujo de fondos federales, la sostenibilidad del sistema a largo plazo dependerá exclusivamente de la recaudación propia y de la eficiencia en el manejo del subsidio para evitar paros de servicios o frecuencias reducidas.
Un federalismo de resistencia
La creación de este régimen de compensaciones marca un punto de quiebre en la relación Nación-Provincia por los recursos del transporte. Al nacionalizar el ajuste, la Casa Rosada ha forzado a Buenos Aires a rediseñar su estructura de gasto para proteger un servicio esencial. El éxito de esta gestión será determinante para la paz social en el AMBA durante 2026, en un año donde el costo de vida y la conectividad urbana siguen siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía bonaerense.
