El desmantelamiento del Programa de Cardiopatías Congénitas pone en riesgo miles de vidas

La salud pública argentina enfrenta uno de sus desafíos más críticos tras conocerse el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC). Esta política de Estado, que desde 2008 ha sido fundamental para reducir la mortalidad infantil, se encuentra hoy en un proceso de vaciamiento que profesionales y familias denuncian como «una sentencia de muerte» para los bebés que nacen con malformaciones cardíacas. La decisión del Ministerio de Salud, bajo la gestión de Mario Lugones, de no renovar contratos clave ha provocado la renuncia del equipo coordinador, rompiendo una red federal de derivación que era modelo en la región y dejando a cientos de pacientes en una peligrosa lista de espera.

Un sistema de excelencia bajo la lupa del ajuste

El PNCC no es solo una estructura administrativa; es el motor que coordina la atención de los aproximadamente 7000 niños que nacen anualmente en el país con patologías cardíacas. De ellos, cerca del 50% requiere una intervención quirúrgica antes de cumplir el primer año de vida. Gracias a la Ley 27.713, sancionada en 2023, el programa adquirió una jerarquía legal que obliga al Estado a garantizar el diagnóstico y tratamiento oportuno sin límites de edad.

Sin embargo, la realidad operativa en este inicio de 2026 muestra un panorama sombrío. El equipo coordinador, compuesto por siete expertos que gestionaban más de 800 cirugías anuales y 6000 notificaciones de casos en 15 centros especializados, ha sido desarticulado. Según denunciaron desde el colectivo Cardiocongénitas Argentina, la justificación oficial para el recorte se basó en una supuesta baja en la natalidad, argumento que los especialistas califican de «vergonzoso» e insuficiente para desmantelar una estructura de alta complejidad.

Consecuencias directas: el regreso de las listas de espera

La mayor preocupación de las familias radica en la pérdida de la «lista de espera cero», un logro histórico que el programa mantuvo hasta fines de 2025. Lucía Wajsman, referente del colectivo de familias, advirtió que ya se registran casos de demoras críticas, como el de un niño en Río Negro cuya cirugía básica fue postergada al punto de generarle una insuficiencia secundaria.

«Lo que se está desmantelando es el derecho a la vida de nuestros hijos», sentenció Wajsman. El centro coordinador, que funciona en el Hospital Garrahan, ha sido el nexo vital para las provincias. Sin este equipo técnico, la derivación de casos complejos desde el interior hacia centros de alta complejidad se vuelve errática, lenta y, en muchos casos, inexistente. La experiencia acumulada por los profesionales desplazados es considerada «irremplazable» por la comunidad médica, dado el nivel de especialización requerido para tratar malformaciones que, de no operarse a tiempo, resultan fatales.

El impacto en la red federal y la salud pública

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) y excoordinadores del programa, como la Dra. Alejandra Villa, han manifestado su rechazo absoluto a la medida. Villa destacó que el éxito del PNCC se basó en un modelo federal inspirado en países desarrollados, logrando que niños que antes morían hoy sean adultos plenamente integrados a la sociedad.

El retroceso hacia un sistema centralizado implica:

• Aumento de la mortalidad: Las demoras en el diagnóstico fetal y en la derivación posnatal son determinantes.

• Pérdida de equidad: Los pacientes de provincias alejadas pierden el acceso garantizado a los mismos estándares de atención que en Buenos Aires.

• Fuga de talentos: El desplazamiento de cardiólogos infantiles y cirujanos especializados debilita la formación de futuros recursos humanos.

Una resistencia en defensa de la vida

El desmantelamiento del PNCC ocurre en un contexto de fuerte ajuste en ciencia y salud, que ya afectó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Hospital Garrahan. Para las familias y los médicos, la lucha ahora se traslada al plano judicial y legislativo, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Cardiopatías Congénitas y la Ley de Emergencia Pediátrica. La defensa del programa no es solo una disputa técnica o presupuestaria, sino una responsabilidad ética frente a los ciudadanos más vulnerables del país.