Gatillo fácil: quién era Víctor Vargas, el hombre asesinado por la Policía porteña en Constitución

La violencia institucional vuelve a ponerse en el centro de la escena política y social de la Ciudad de Buenos Aires. No habían transcurrido siquiera 72 horas del asesinato de Gabriel González en manos de efectivos policiales en Villa Lugano, cuando un nuevo episodio de gatillo fácil sacudió al barrio de Constitución. El protagonista de esta tragedia, que comenzó el pasado 28 de diciembre y culminó con su fallecimiento el 1 de enero, fue Víctor Vargas, un hombre cuya vida estuvo marcada por la precariedad y cuyo final fue sellado por tres disparos reglamentarios.

Vargas no murió de manera instantánea. Su cuerpo resistió cuatro días en una cama del Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con un cuadro crítico que derivó en muerte cerebral. Mientras su familia viajaba desde Formosa para darle el último adiós, la estructura judicial y policial comenzaba a desplegar los mecanismos habituales de justificación que hoy son cuestionados por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Quién era Víctor Vargas

Víctor Vargas nació en la provincia de Formosa, pero como tantos otros, buscó en la Ciudad de Buenos Aires una oportunidad que el sistema le negó sistemáticamente. Era padre de un adolescente y, al momento de ser baleado por la Policía de la Ciudad de Jorge Macri, residía de forma temporal en un hotel de la zona de Constitución, a escasos metros de donde recibió los impactos de bala.

Sin un empleo estable, Vargas sobrevivía realizando «changas». Durante un tiempo se desempeñó como cuidacoches, una actividad que debió abandonar debido al constante hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Según relató Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, la policía le labraba actas contravencionales de forma recurrente, lo que fue cercenando su única fuente de ingresos. «Lo mataron por pobre y por marrón», sentenció Orellano, vinculando el caso a un claro componente de perfilamiento racial y de clase.

El escenario del crimen en Constitución

El hecho se produjo el domingo 28 de diciembre, alrededor de las 14 horas, en la intersección de las calles Salta y Constitución. En ese punto, bajo la jurisdicción de la Comisaría Vecinal 1C, Víctor se vio involucrado en una pelea callejera con otro hombre que, al igual que él, se encontraba en situación de vulnerabilidad social.

La intervención de los efectivos de la Policía de la Ciudad, bajo la conducción operativa del Ministro Horacio Giménez, fue letal. En lugar de mediar o utilizar métodos de disuasión no letales, un oficial disparó en tres oportunidades contra Vargas: un proyectil impactó en su rostro y otros dos en el torso. La desproporción de la fuerza es el eje de la denuncia de la querella y de los testigos presenciales.

Una investigación con carátulas polémicas

A pesar de la gravedad del hecho y del fallecimiento de la víctima, la respuesta judicial ha sido, hasta el momento, lenta y cuestionada. Aunque el arma reglamentaria del efectivo involucrado fue secuestrada, pasaron cinco días sin que se iniciara formalmente una investigación por homicidio.

Lo más alarmante para los organismos de derechos humanos es la carátula inicial impuesta por el Ministerio Público Fiscal: “atentado a la autoridad y averiguación de lesiones”. Esta tipificación legal, lejos de poner el foco en el accionar policial, desplaza la responsabilidad hacia la víctima, sugiriendo que Vargas habría provocado el desenlace. Es una estrategia jurídica recurrente en casos de gatillo fácil que busca proteger al uniformado bajo la premisa del cumplimiento del deber.

La Comisaría 1C bajo la lupa

El caso de Vargas no parece ser un hecho aislado si se analizan las estadísticas de la propia justicia porteña. Un documento del Ministerio Público de la Defensa, publicado a comienzos de 2025, señala que la Comisaría Vecinal 1C es la dependencia que mayor cantidad de hechos de violencia institucional registró durante los años 2023 y 2024.

Esta recurrencia sitúa a la zona de Constitución como un «punto caliente» de abusos policiales, donde la precariedad habitacional y la marginalidad de los transeúntes parecen habilitar un accionar fuera de los protocolos internacionales de actuación policial.

El balance de una fuerza en crisis

Desde su creación el 1 de enero de 2017, la Policía de la Ciudad acumula una estadística preocupante. En ocho años, el total de víctimas de gatillo fácil asciende a 168 personas. Si se consideran todas las modalidades de muerte en manos de esta fuerza (incluyendo decesos en comisarías, cárceles y casos intrafamiliares), la cifra escala a 205 fallecidos, lo que arroja un promedio de 25 homicidios anuales.

Bajo la gestión actual de Jorge Macri, la tendencia no ha mostrado signos de desaceleración. En los primeros dos años de su gobierno, se contabilizan 44 asesinatos bajo diversas modalidades. El caso de Víctor Vargas, ocurrido apenas días después del de Gabriel González, pone en evidencia una crisis estructural en los protocolos de uso de la fuerza y una falta de control civil efectivo sobre los agentes armados.