Impacto del ajuste de Milei: 300.000 despidos y cierre masivo de empresas
El ajuste fiscal en Argentina provocó la pérdida de 300.000 empleos y el cierre de 17.000 empresas, afectando gravemente a la construcción y la industria manufacturera en todo el territorio nacional.
La economía argentina atraviesa una transformación estructural profunda bajo la administración de Javier Milei, marcada por un recorte del gasto público sin precedentes. Este proceso, definido por el Ejecutivo como el plan de «motosierra», ha dejado un saldo crítico en el mercado laboral y el entramado productivo. Según datos procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el impacto del ajuste de Milei se traduce en 300.000 trabajadores que han quedado fuera del sistema formal, sumando tanto al sector público como al privado, en un escenario de recesión y parálisis de la inversión estatal.
El desplome del sector privado y la construcción
El corazón del ajuste ha golpeado con especial dureza a dos pilares de la actividad económica: la construcción y la industria manufacturera. La decisión de paralizar la obra pública nacional a comienzos de 2024 funcionó como un efecto dominó que no solo detuvo grandes infraestructuras, sino que desarticuló cadenas de valor regionales.
Las estadísticas reflejan que estas actividades se mantienen sustancialmente por debajo de sus niveles históricos, operando entre un 22% y un 9% menos que el promedio registrado en 2023. El saldo en el sector privado es alarmante: en los primeros 18 meses de gestión, cerraron 17.063 empresas más de las que lograron abrir. Esta cifra representa un promedio de 28 compañías que bajan sus persianas cada día, resultando en la pérdida neta de 236.845 empleos privados.
El sector público: un goteo incesante de cesantías
En el ámbito del Estado, la política de racionalización de recursos ha mantenido un ritmo constante de desvinculaciones. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se registró un promedio de 81 despidos diarios en el sector público nacional. En total, 61.569 personas perdieron su puesto en organismos estatales, empresas públicas y dependencias descentralizadas.
Dentro de este universo, las empresas públicas han sido las más afectadas. El Correo Argentino encabeza la lista de reducción de personal con 5.232 puestos eliminados, seguido por Operadora Ferroviaria S.E. (3.526) y el Banco Nación (2.128). En la Administración Pública Nacional, la reestructuración de la ARCA (ex AFIP) resultó en 3.260 despidos, mientras que organismos científicos y sociales como el CONICET y la ANSES sufrieron recortes de 2.080 y 1.609 trabajadores respectivamente.
En términos proporcionales, el desmantelamiento ha sido casi total en áreas específicas. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales redujo su planta en un 64%, la Junta de Seguridad en el Transporte en un 47% y el INAES en un 44%.
Mapa federal de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe a la cabeza
La conflictividad laboral se ha distribuido de manera desigual en el territorio, aunque ninguna provincia ha quedado inmune. El relevamiento de 629 conflictos laborales muestra que la provincia de Buenos Aires es el epicentro de la crisis con 168 focos, donde predominan los cierres y suspensiones en pequeñas y medianas empresas (pymes).
Santa Fe ocupa el segundo lugar con 65 conflictos, afectando a firmas de renombre internacional y nacional como Sancor, Vicentín, Acindar y Swift. La situación en La Rioja (52 conflictos) es particularmente preocupante, superando incluso a distritos con mayor densidad poblacional como CABA o Córdoba, que registraron 38 conflictos cada uno. En el extremo opuesto, provincias como Formosa (3) y Santiago del Estero (5) muestran los niveles de conflictividad reportada más bajos.
Perspectivas de un ajuste que no se detiene
A pesar de la magnitud de las cifras presentadas, el proceso parece estar lejos de su conclusión. Las organizaciones sindicales del sector estatal han manifestado su alerta ante la posibilidad de una nueva ola de cesantías tras el cierre del año fiscal. La incertidumbre se mantiene como el factor común para miles de trabajadores que aún permanecen en la planta transitoria del Estado o en empresas privadas que luchan contra la caída del consumo interno.
El análisis de los datos permite concluir que el ajuste de Milei ha priorizado el equilibrio fiscal a costa de una contracción severa del empleo y la desaparición de unidades productivas. El desafío para los próximos meses reside en determinar si la economía puede encontrar un piso de reactivación antes de que el deterioro del tejido social y empresarial sea irreversible.
