Incertidumbre por el oro argentino: la AGN denuncia que el BCRA oculta el destino de 3000 lingotes

Lo que comenzó como una serie de embarques de caudales bajo estricto hermetismo ha derivado en un escándalo institucional de proporciones inciertas. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la gestión de Santiago Bausili, reconoció formalmente que no posee documentación contractual ni registros legales que detallen las condiciones de colocación de los lingotes de oro enviados al exterior durante 2024.

La admisión surge tras meses de resistencia por parte de la autoridad monetaria a los pedidos de informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Según la entidad oficial, los contratos de colocación de activos equivalentes a USD 4.981 millones «no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024». Esta falta de soporte jurídico implica que el Estado argentino carece de garantías escritas sobre la ubicación, el estado y los términos de custodia de aproximadamente 3.000 lingotes, ya sea en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) o en otros depositarios internacionales.

El bloqueo a la Auditoría: un «punto muerto»

El conflicto escaló cuando la AGN denunció ante el Congreso que el BCRA impidió sistemáticamente las tareas de control. La entidad monetaria invocó cláusulas de confidencialidad para ofrecer únicamente una consulta «a pantalla», prohibiendo a los auditores tomar fotografías, notas o realizar copias de la documentación exhibida.

Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, fue tajante al describir la situación: «Técnicamente es imposible elaborar un informe serio». La imposibilidad de auditar la operatoria ha alimentado diversas hipótesis en el ámbito parlamentario y judicial, incluyendo la sospecha de que parte del oro pudo haber sido convertido en liquidez financiera (divisas) sin la debida transparencia ni autorización.

Vacío legal y riesgo patrimonial

La confirmación de que el servicio jurídico del Banco Central no emitió dictámenes —precisamente por la inexistencia de contratos— deja a la operación en un limbo administrativo. En auditorías previas de alta sensibilidad, como la administración de reservas internacionales o la compra de vacunas, el BCRA había entregado evidencias bajo formatos que permitían un análisis riguroso. La ruptura de este antecedente de colaboración es lo que más alarma a los organismos de control.

Los puntos críticos del conflicto incluyen:

• Falta de trazabilidad: No hay certeza física de la ubicación actual de los activos.

• Inexistencia de contratos: La operación se realizó sin cláusulas escritas de rescate, intereses o condiciones de depósito.

• Desobediencia judicial: El BCRA respondió con evasivas ante la orden de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de entregar la información.

El camino hacia la vía judicial

Con la reciente jura de los nuevos auditores —Mónica Almada, Pamela Calletti y Juan Ignacio Forlón—, la AGN ha completado su cuerpo colegiado y cuenta ahora con las facultades plenas para iniciar una demanda judicial por entorpecimiento. El objetivo será forzar al BCRA a romper el secretismo y explicar el derrotero de los lingotes.

Mientras el Gobierno insiste en que las operaciones forman parte de una estrategia de administración de activos para mejorar los rendimientos, la ausencia de papeles que lo respalden coloca al país en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a posibles embargos o pérdidas financieras. La sociedad y el Congreso aguardan ahora una respuesta que aclare si el patrimonio estratégico de los argentinos sigue siendo oro físico o si se ha transformado en un activo intangible en manos de depositarios extranjeros.