Reforma laboral: el millonario alivio fiscal que beneficia a solo 144 empresas

El proyecto de ley de «Modernización Laboral» enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación oculta en su artículo 191 una reforma tributaria de alto impacto para el federalismo argentino. La iniciativa propone una reducción drástica en la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades que más facturan en el país, lo que generaría un agujero fiscal de 0,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y afectaría de manera directa los fondos coparticipables que reciben las provincias.

Un beneficio concentrado en la cima empresarial

Según un informe detallado por el diputado nacional y exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, la medida no tiene un alcance generalizado sobre el sector productivo, sino que está diseñada para favorecer al escalón más alto de la pirámide corporativa. De las más de 163.000 sociedades que presentan declaraciones juradas en Argentina, el beneficio fiscal se concentrará mayoritariamente en solo 144 grandes empresas.

Estas compañías, que representan apenas el 0,1% del total de las sociedades, son responsables actualmente del 56% de la recaudación del impuesto. El proyecto oficialista busca modificar las escalas del gravamen de la siguiente manera:

• Tramo 2: La alícuota para empresas con ganancias de hasta $1.016,8 millones bajaría del 30% al 27%.

• Tramo 3: Para las grandes corporaciones con ganancias superiores a los $1.016,8 millones, la tasa descendería del 35% al 31,5%.

Esta estructura implica que, mientras las PyMES seguirán tributando bajo condiciones similares, el alivio de caja más significativo será para las firmas que determinan impuestos por más de $15.000 millones anuales.

El impacto en las arcas provinciales

La reducción de la presión impositiva sobre estas grandes empresas tiene una contrapartida directa: la caída de la recaudación nacional. Dado que el Impuesto a las Ganancias es un tributo coparticipable, la disminución en el ingreso de fondos impactará de lleno en los presupuestos de las provincias, que ya enfrentan un contexto de fuerte ajuste.

De acuerdo con las proyecciones basadas en el Presupuesto 2026, la recaudación por sociedades pasaría de $34,3 billones a $31,7 billones. Esta diferencia de $3,1 billones se divide entre el Tesoro Nacional y las provincias. Estas últimas, en su conjunto, dejarían de percibir aproximadamente $1,7 billones durante el año 2026, lo que equivale a un recorte promedio de $144.000 millones mensuales para el interior del país.

El mapa de las pérdidas por jurisdicción

El análisis por distrito revela cifras alarmantes para los gobernadores. Las provincias con mayor población y niveles de consumo serán las más castigadas por la merma en los giros automáticos:

• Buenos Aires: Perdería $366.557 millones anuales ($30.546 millones por mes).

• Santa Fe: Resignaría $148.698 millones al año.

• Córdoba: Sufriría una caída de $145.240 millones anuales.

Otras jurisdicciones como Chaco y Entre Ríos verían recortados sus ingresos en más de $81.000 millones cada una, mientras que Tucumán perdería cerca de $79.500 millones. Incluso las provincias con presupuestos más acotados, como Tierra del Fuego, sentirían el impacto con una baja de $22.478 millones anuales, comprometiendo la ejecución de obras públicas y servicios esenciales.

¿Modernización o transferencia de recursos?

La propuesta de reforma laboral, bajo el argumento de mejorar la competitividad y fomentar la inversión, parece esconder una redistribución de la carga tributaria que favorece a los sectores más concentrados de la economía en detrimento del equilibrio fiscal de las provincias. El debate en las sesiones extraordinarias, previsto para el inicio tras el 26 de diciembre, promete ser una batalla política clave donde los legisladores que responden a los gobernadores deberán decidir si convalidan un beneficio millonario para 144 empresas a cambio de una desfinanciación histórica de sus propios territorios.