Presupuesto 2026: la UBA denuncia un recorte del 30% en sus hospitales universitarios
La institución advirtió que el ajuste proyectado por el Gobierno nacional pone en riesgo la atención de 700.000 pacientes anuales y la operatividad de centros emblemáticos como el Clínicas.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su «extrema preocupación» ante el proyecto de Presupuesto Nacional 2026, denunciando que sus hospitales universitarios recibirán el próximo año un 30% menos de recursos en términos reales en comparación con 2025. Según la institución, este recorte presupuestario —actualmente bajo debate en la Cámara de Diputados— asfixia la capacidad operativa de centros de salud fundamentales, comprometiendo no solo la asistencia sanitaria masiva, sino también la formación de nuevos profesionales y la investigación científica de excelencia en el país.
El impacto en la red de salud de la UBA
La medida afecta directamente a establecimientos de alta complejidad que constituyen pilares del sistema sanitario argentino. Entre los centros en riesgo se encuentran el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari. Estas instituciones brindan atención a más de 700.000 pacientes cada año, muchos de los cuales no poseen cobertura social y dependen exclusivamente de la salud pública universitaria.
Desde el Consejo Superior de la UBA calificaron la situación como un «ahogo presupuestario» sin precedentes. La reducción del 30% en los fondos para gastos de funcionamiento implica, en la práctica, una limitación severa para la compra de insumos médicos, mantenimiento de tecnología de punta y el pago de servicios básicos, elementos críticos para hospitales que funcionan las 24 horas.
Crisis salarial y fuga de profesionales
El comunicado de la universidad también puso el foco en la situación de los trabajadores. Según los datos aportados por la institución, los salarios de docentes, no docentes y científicos han experimentado una pérdida del 40% en su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Esta caída real de los ingresos genera un doble problema: por un lado, la precarización de quienes sostienen el sistema; por el otro, el riesgo inminente de una «fuga de cerebros» hacia el sector privado o el exterior.
La UBA vinculó este ajuste con el intento oficial de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, una herramienta que la comunidad académica considera vital para dar previsibilidad al sistema. La combinación de salarios deprimidos y falta de recursos operativos configura un escenario de «vaciamiento indirecto» de las aulas y los consultorios.
Un llamado urgente al Congreso
En el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la UBA exhortó a los legisladores a no aprobar el dictamen tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo. La universidad demanda una reconfiguración de las partidas que garantice las necesidades reales de funcionamiento y una recomposición salarial urgente.
«No se trata solo de números, sino de la capacidad de respuesta de centros de salud que históricamente atienden a la población de forma masiva», señalaron fuentes universitarias. El debate en el Congreso será clave para determinar si el modelo de 2026 profundizará el ajuste sobre la educación y la salud pública o si se establecerán mecanismos de salvaguarda para el sistema científico nacional.
Un sistema al límite
La advertencia de la UBA enciende una señal de alarma sobre la sostenibilidad de la educación superior y la salud pública en Argentina. Un recorte del 30% en términos reales no representa una mera optimización de gastos, sino un repliegue del Estado en áreas donde la universidad pública ha demostrado ser un actor insustituible. El desenlace de esta puja presupuestaria definirá la calidad prestacional de los hospitales universitarios para el próximo año.
